La reciente expropiación de la planta de hidrógeno de la empresa francesa Air Liquide por parte del Gobierno mexicano, crea un mal precedente y genera incertidumbre para la atracción de inversiones hacia el país, señalan expertos.
“México enfrentará consecuencias en el corto plazo, ante la nueva incertidumbre creada en el 2023”, afirmó Ramsés Pech, analista de Caraiva y Asociados.
Al hacer un contrato entre dos partes que involucran acuerdos comerciales, y los cuales incluyen ciertas cláusulas para la ejecución de esta, cualquier cambio realizado fuera de esto deja un precedente a donde el dinero no perdona, y es etiquetado bajo una alta incertidumbre, abundó el experto.
Explicó que el decreto de la ocupación temporal de planta de hidrógeno de la francesa Air Liquide en la refinería de Tula, causará un gran precedente pues los contratos en México deberán ser adecuados con las Empresas Productivas del Estado, o cualquier dependencia en donde se lleve a cabo el contrato con un privado.
Esto podría incluir una nueva cláusula que indique, en el caso de una expropiación u ocupación temporal de o en algo, cuál será el procedimiento, indemnización o la forma de la disputa que deberá ser llevada a cabo.
El especialista cuestionó el motivo del cambio tan abrupto de la cancelación del contrato con la empresa francesa, debido a que en el decreto de expropiación no se indica si habrá una reducción en el costo actual de la producción de hidrógeno, y solo indica que Pemex deberá de indemnizar de acuerdo con un aval sobre las inversiones realizadas en el terreno, “y esto es un error de negocio que no debería pasar”, afirma.
“Es un precedente que debemos enfatizar y que cambiara la forma de hacer contratos con México, vía el gobierno”, dijo.
Comentó que la primer incongruencia fue que las cláusulas de terminación anticipada por fuerza mayor no fueron aplicadas, y el decreto tampoco especifica si la empresa incumplió algun cláusula del contrato.
El decreto ordena quitar el comodato del terreno, y al mismo tiempo cancelar el contrato para que Pemex opere la planta de hidrógeno, pero dentro del contrato, existe la cláusula 34.1, la cual indica que en el caso de incumplimiento de Pemex deberá efectuar un pago en función del tiempo restante del contrato, al momento de la cancelación.
“Pero a según el decreto, el valor de estas será con el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ¿Tendrá la capacidad para pagar?”, dijo el analista.
Añadió que probablemente esta decisión desatará un largo litigio entre el gobierno mexicano y la empresa.
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