La expropiación de la planta de hidrógeno de la empresa francesa Air Liquid pone en riesgo la llegada del nearshoring en México y envía una señan de que el gobierno busca reestatizar diversas actividades económicas, dijo la Coparmex.
“El Gobierno federal está desarrollando una estrategia de reestatización de ciertas actividades de la economía, cuya manifestación más preocupante es la apuesta por militarizar dichas tareas como ocurrió recientemente con la compra, gestión y distribución de medicamentos y la operación de una Línea Aérea”, indicó en un posicionamiento.
Señaló que México no tiene experiencias positivas con la estatización de actividades económicas ya que han generado profundos costos económicos por ineficiencias y por malas gestiones de empresas públicas.
De igual manera, han generado un negativo impacto social afectando, en última instancia, a las familias al tener que pagar sobrecostos, recibir malos servicios o asumir el pago de deuda mediante impuestos.
“Además de estos riesgos advertimos un daño adicional: desalentar gravemente la atracción de inversiones y desaprovechar la gran oportunidad que nos abre la relocalización de empresas y cadenas productivas o Nearshoring”, señaló.
“Estas acciones lejos de representar un acto de soberanía, se convierten en un preocupante mensaje de arbitrariedad y un atentado a la seguridad jurídica”, asestó la Coparmex
Indicó que el decreto de ocupación, autorizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una mala señal al mundo porque deja de manifiesto las ineficiencias de Pemex, que es actualmente la petrolera más endeudada del orbe, con un pasivo aproximado de 106 mil millones de dólares, y la debilidad del Estado de derecho en México en el que de manera discrecional, las autoridades pueden ocupar empresas e inversiones privadas.
Indicó que la decisión del gobierno está prevista por la Ley de Expropiación que establece las causas de utilidad pública, y regula los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones, es de destacar que este decreto no indica el plazo de ocupación temporal y es ambiguo en algunos aspectos, lo que impide la posibilidad de calcular la indemnización prevista en el artículo 2 Bis. de dicha legislación.
“México no puede darse el lujo de ahuyentar inversiones ni de mostrarse ante el mundo como un país con un frágil Estado de Derecho. Tenemos todo para que en este 2024 se establezcan las bases para ser el país que mejor aproveche el Nearshoring creando más y mejores empleos”, añadió la Coparmex.
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