Pemex pone en riesgo las finanzas públicas hacia el cierre del sexenio: CCE

La elevada deuda de Pemex que ronda los 1.8 billones de pesos podría poner en riesgo las finanzas públicas hacia el cierre de este sexenio, debido a que podría depender de más apoyos del gobierno o de endeudamiento a altas tasas, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“La percepción negativa sobre Pemex puede agudizar la insostenibilidad de las finanzas públicas y poner en mayor riesgo su situación en el mediano plazo”, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), organismo de análisis del CCE.

Al cierre del primer semestre de este año la deuda financiera de Pemex fue de 1.8 billones de pesos y entre 2023 y 2024 la empresa deberá amortizar 716 mil millones de pesos, el 38 por ciento del total de sus compromisos.

“Es posible que para cubrir sus necesidades de financiamiento la empresa se vea obligada a continuar dependiendo de los recursos federales o bien a contratar deuda a costos crecientes”, indicó.

En lo que va del sexenio el Gobierno Federal le ha dado apoyos a Pemex por aproximadamente 1.2 billones de pesos, destacó el CEESP.

En otro orden de ideas, el organismo indicó que en este sexenio las finanzas públicas se han deteriorado desde el punto de vista de la evolución del gasto, los ingresos y el déficit fiscal.

Como porcentaje del PIB, el gasto aumentó en 2.7 puntos porcentuales entre 2018 y 2022 mientras que los ingresos sólo lo hicieron en 1.5 puntos.

Dentro de éstos, los tributarios, la base sólida que la prudencia aconseja contar por su recurrencia, se incrementaron en sólo 0.4 puntos. El déficit fiscal pasó de 2.1 por ciento del PIB en 2018 a 3.3 por ciento en 2022 y para este año la previsión oficial es de 3.7 por ciento.

Los fondos de estabilización, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), se han reducido significativamente y otros como el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC)- se han extinguido.

“Esto naturalmente implica fragilidad de las finanzas públicas ante la incertidumbre natural”, advirtió.

El incremento del gasto público, que no ha sido austero, se ha concentrado en las transferencias incondicionales de efectivo, que obviamente son muy rígidas a la baja ya que su reducción es muy costosa políticamente para cualquier gobierno, indicó.

“Las presiones aumentan debido a que no se puede contar con una reducción en el gasto de los programas sociales”, sentenció.

Quizá el programa más oneroso a futuro sea el de las pensiones de adultos mayores que ya representa el 80 por ciento del gasto total de la Secretaría del Bienestar y es 32 por ciento mayor al ejercido por la Secretaría de Salud, y todas las fuerzas políticas se han inclinado por su ampliación.

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