La iniciativa de reforma a la Ley Minera podrá fin al despojo y abusos que se cometieron contra los propietarios indígenas de las tierras, en caso de aprobarse, señaló el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
El organismo reconoció y apoyó en todos sus términos la iniciativa de reforma a la Ley Minera y otras leyes secundarias propuestas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante el Congreso de la Unión, ” ya que tiene como uno de sus fundamentos esenciales el respeto cabal a los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la legislación nacional e internacional en la materia“.
Así lo afirmó su director general, Adelfo Regino Montes, quien describió que uno de los graves problemas que se viven en amplias regiones indígenas de México, es que se expidieron numerosas concesiones mineras en abierta violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular, su derecho a la tierra, territorio y recursos naturales, así como el consentimiento y la consulta libre, previa e informada.
Destacó que la iniciativa de reforma presentada al legislativo, busca resarcir los agravios cometidos a los pueblos y comunidades indígenas en la ley de 1992, que abrió la puerta a los despojos territoriales y al saqueo de recursos naturales.
Por esta razón, afirmó el director general del INPI, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador cobra especial relevancia, pues da solución a uno de los graves problemas que vive el país y pone los cimientos normativos e institucionales para hacer justicia a los pueblos indígenas de México, elemento esencial en el actual proceso de transformación nacional.
“La reforma a la Ley Minera propuesta por el Ejecutivo, servirá para solucionar muchos problemas causados por la legislación neoliberal en la materia y evitará injusticias y daños al medio ambiente de los territorios indígenas en el futuro”, indicó.
La iniciativa del presidente establece la obligación de determinar los impactos sociales que tendrán las concesiones mineras y define sanciones por delitos mineros; además, busca establecer que las concesiones mineras estarán condicionadas a la disponibilidad del recurso hídrico, priorizando el uso y consumo humano del agua.
Además, plantea cambios en el otorgamiento de concesiones, principalmente mediante la disminución de 50 a 15 años en el término de las mismas, así como modificación del esquema del otorgamiento de concesiones mediante concurso público, asegurar las condiciones económicas para el Estado y garantizar la realización de acciones para prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo.
Otra propuesta importante, es la eliminación del carácter preferente de la actividad minera, lo cual no justificará la expropiación en favor de particulares, incluso sobre propiedad social, ya que generan un beneficio exclusivamente privado, por lo que se propone eliminar el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera, añadió.
