Los intentos por cambiar la regulación en el sector energético serán una práctica constante por parte del gobierno federal en lo que resta sexenio, afirmaron expertos.
“Esto difícilmente va a cambiar, se van a seguir expidiendo regulaciones”, afirmó Marco Antonio de la Peña, socio del despacho Cuatrecasas, durante el Encuentro Internacional de Energía México 2022.
Como ejemplo citó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) alista nuevas medidas en materia de participación cruzada, nuevos formatos de permisos para transporte y almacenamiento de gas LP, cambios en las reglas para el otorgamiento, modificación y actualización de permisos para expendio de petrolíferos, y otra regulación para el transporte fuera de ducto de petrolíferos que no sean de gas LP.
“Las empresas deben entender que sus proyectos están inmersos en un marco jurídico que está cambiando, y que no necesariamente basta con litigar un asunto, sino entender qué está planteando el gobierno y acomodar los proyectos de forma tal que se trate de evitar sanciones”, sostuvo el experto.
Julia González Romero, consejera del despacho González Calvillo, afirmó que el sector energético atravesó por una “tormenta regulatoria perfecta” a partir de la pandemia por Coronavirus.
Explicó que ante el cierre de actividades provocadas por la contingencia sanitaria, diversas autoridades del sector energético cerraron las ventanillas y suspendieron sus plazos, lo cual contribuyó al aplazamiento de los proyectos en el sector.
Esto provocó que las empresas tuvieran que recurrir a amparos para que las autoridades respondan las solicitudes de las empresas.
“Los golpes más duros no son los que están en las normas o en las regulaciones, sino los que ha recibido el regulado o el permisionario, a través del trato de las autoridades en actos de verificación”, opinó a su vez, Carlos Vallejo, consejero legal de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE).
Finalmente, Julia González destacó que autoridades que generalmente no se asocian con el sector energético están levantando la voz contra las normas que considera inconstitucionales, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), los gobiernos estatales, el Congreso de la Unión, los cuales han promovido controversias y acciones de institucionalidad.
“Vemos que hay un tema de pesos y contrapesos y esto se ve claramente en las consultas que iniciaron Estados Unidos y Canadá sobre las reglas del T-MEC en energía”, añadió.
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