Las empresas del sector gasolinero deben lidiar con más de 60 trámites regulatorios ante distintas autoridades, que les representan costos de hasta medio millón de pesos por estación de servicio, dijo Andrés Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).
Durante una mesa de debate organizada por Energy21, el directivo explicó que tan solo ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) se deben cumplir cerca de 30 trámites, como la cédula de operación anual o las pruebas de hermeticidad, entre otras.
Ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es necesario acreditar por lo menos 9 trámites, entre los cuales figuran los permisos de expendio de petrolíferos, los análisis de calidad del producto o la Norma Oficial Mexicana (NOM) 016-CRE.
“La regulación con estas dependencias se empezó a revisar con lupa en los últimos años, entonces te llegan inspecciones en bloque de diferentes autoridades”, explicó el directivo.
“Muchas veces los empresarios no concluyeron sus trámites iniciales, y cuando llega la autoridad encuentran puntos que son motivo de sanción, hacen estresar al gasolinero y buscan quien los saque del problema y eso también incrementa los costos”, detalló Gutiérrez.
En la Sener, dijo, se debe acreditar el trámite de evaluación de impacto social, mientras que en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hay más de 3 trámites entre los cuales está la revisión del dictamen sobre instalaciones eléctricas.
Ante Protección Civil se deben cumplir al menos 8 requisitos y en Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) más de 5 trámites como la calibración de dispensarios, el aviso de control a distancia y las bitácoras de eventos.
A nivel municipal hay que cubrir por lo menos 10 trámites, en donde figuran la licencia de uso de suelo, la constancia de terminación de la obra, el permiso de descarga de aguas residuales, los planos arquitectónicos y la instalación mecánica, entre otros.
A esto se suman otros requisitos que surgen de improvisto y que impactan las finanzas de las empresas.
“Cuando hay cambios de dispensarios o que se tenga que implementar un nuevo esquema de facturación, o normas temporales, implican una inversión adicional y son costos de arriba del millón de pesos”, destacó Gutiérrez.
“Es una carga regulatoria que cae sobre toda la industria y que implica retos importantes”, añadió el directivo.
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