México, como país integrante del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) podría pagar entre 10 y 30 mil millones de dólares en compensaciones y sanciones por violar las condiciones, obligaciones y términos establecidas en el acuerdo internacional tripartito.
Así lo han estimado analistas en la materia, lo cual significaría un grave golpe a la economía mexicana.
Para la firma mexicana de abogados, Sánchez Devanny, la disputa que derivó de la adopción de diversas medias legislativas y administrativas que favorecen a las empresas productivas del estado Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electiricidad (CFE), afectando directamente las inversiones y proyectos de los inversionistas norteamericanos en México en este sector, es un desacuerdo trascendental, innecesario y coyuntural.
El argumento federal se basa en revivir a las empresas productivas del Estado, las cuales, según el Presidente, sus predecesores se encargaron de destruir deliberadamente al ceder el mercado energético de México a manos extranjeras.
En tanto, Estados Unidos y Canadá basaron el inicio de una consulta en la violación persistente de los Artículos 2.3 (acceso a mercado y trato nacional y en relación con el artículo tercero del GATT) y 14.4 (trato no menos favorable a inversionistas extranjeros y a sus inversiones) del T-MEC.
Adicionalmente, se argumenta que se trasgreden los artículos 2.11 (al restringir las importaciones de bienes y servicios de EUA y Canadá), 22.5.2 (el órgano de gobierno – CRE – no es imparcial al ejercitar sus funciones) y 29.3 (ya que México no administra sus leyes de manera consistente, imparcial y de forma razonable).
En materia de distribución y venta de diésel con bajo contenido de azufre, se alegan quebrantos a los artículos 2.3 (acceso a mercado y trato nacional) y 22.5.2 (ejercicio parcial de las facultades regulatorias).
Por otra parte, en materia de servicios de transporte de gas natural, nuestros socios comerciales alegan la violación de los artículos 2.3 (acceso al mercado y trato nacional – derivado de la Estrategia de garantía de suministro para la optimización de capacidad en el SISTRANGAS, delineada por a SENER y mediante la cual se beneficia artificialmente a Pemex y a la CFE) y el 2.11 (restricciones de importaciones de bienes a México que afectan a los inversionistas extranjeros).
En su petición, los socios comerciales demandan respeto a las condiciones, obligaciones y términos establecidas en el T-MEC.
“Los inversionistas nacionales que requieren certeza y seguridad jurídica para continuar apostando por nuestro país”, subraya la firma Sánchez Devanny.
En la corta vida del T-MEC, este es el cuarto caso de disputas generadas por la interpretación y/o aplicación del acuerdo comercial.
Consecuencias
El tema económico es la principal consecuencia aunque sólo es la punta del iceberg.
En su publicación más reciente, la firma de abogados enlistó otros efectos negativos que traerían consigo la disputa, entre ellos, ahuyentar y desalentar las inversiones en materia energética en el país, tanto nacionales como extranjeras; desabasto de energía a mediano plazo y precios más altos para hacer negocios con México o el encarecimiento de los precios de los bienes y servicios que se consumen en México.
De no llegar a un acuerdo comercial satisfactorio, los países afectados, podrán solicitar se establezca un panel de expertos que determinará si el asunto es efectivamente incompatible con las obligaciones de México bajo el T-MEC.
Si se determina la responsabilidad del gobierno mexicano por infringir dicho tratado comercial, las partes pueden acordar cómo solucionar la controversia, ya sea modificando o eliminando la medida controvertida, o bien estableciendo una compensación.
“Esta es la parte más delicada de esta controversia, pues el o los Estados afectados pueden legalmente implementar medidas de represalia o “retaliación” comercial, que suspenden de forma equivalente e inmediata los beneficios arancelarios que se le otorgan a los productos mexicanos que se exportan a Canadá y Estados Unidos al amparo del T-MEC”, destaca.
Valdría mucho la pena que las cámaras empresariales y gremiales del país formen un frente común para apoyar al gobierno mexicano a resolver de forma legal, respetuosa y estructural esta potencial controversia en beneficio de nuestra estabilidad económica y de las generaciones futuras que pueden heredar este potencial impacto comercial, concluye.
Comenta y síguenos: @Energy21Mx
