Las pérdidas por el robo de combustible ascendieron a 8.6 mil millones de pesos durante el primer semestre de este año, alcanzando el nivel más alto de este sexenio, señalan datos de Pemex.
En tan solo 6 meses el quebranto financiero para la empresa fue mayor que la pérdidas registradas por año desde que inició el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ese monto podría financiar la vacunación de 30.8 millones de personas contra el Covid-19, aproximadamente, lo que equivale a inmunizar a 24 de cada 100 mexicanos.
En la primera mitad del año las bandas del crimen organizado se robaron 12.6 mil barriles por día, tocando también el nivel máximo en lo que va de esta administración.
“El alza en el valor del combustible robado se debe a que los precios de los hidrocarburos han subido; el aumento en los volúmenes evidencian que no hay un cambio de fondo en el supuesto combate al huachicol”, opinó Oscar Ocampo, coordinador de Energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Aunque López Obrador presume la efectividad de su estrategia contra el huachicol, los datos reportados por Pemex muestran una tendencia al alza.
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En 2019 y 2020, Pemex perdió 4.6 mil millones y 4.2 mil millones de pesos, respectivamente, mientras que en 2021 la merma se disparó a 7.3 mil millones de pesos.
El volumen sustraído fue de 5 mil, 4.8 mil y 4.1 mil barriles por día para esos años, respectivamente.
“Los ductos siguen siendo perforados, sigue existiendo la venta ilegal de combustible en las carreteras, los estados donde hay más huachicol siguen siendo los mismos”, dijo Ocampo.
“La estrategia de combate al robo se ha dejado de lado y no ha sido una prioridad, contrario a lo que afirma el Gobierno federal”, abundó el experto.
El segundo trimestre de 2022 fue el más crítico para Pemex en lo que va de este año, pues las pérdidas económicas se dispararon 230 por ciento a 5 mil 629 millones de pesos, respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior.
Se trata del monto más alto para un segundo trimestre del que se tenga registro desde 2019.
Ocampo consideró que el Gobierno no ha emprendido acciones contundentes más allá del cierre de ductos que se llevó a cabo en enero de 2019, y del transporte de combustible mediante pipas, lo que califica como una medida retrógrada.
“Ni siquiera en el presupuesto se han anunciado montos importantes para atacar el robo. Se va a mantener el estado de las cosas, no hay razones para pensar que se va a reducir”, añadió el analista.
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