El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador debilitó la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, entre otros reguladores, lo que genera incertidumbre en los inversionistas, advierte el reporte 2022 Climate Investment, elaborado por Estados Unidos.
“Los inversionistas están cada vez más preocupados de que la administración esté socavando la confianza en las reglas del juego, particularmente en el sector energético, al debilitar la autonomía política de la Cofece, la CNH, el Cenace y la CRE”, indica el documento elaborado por el Departamento de Estado.
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“La independencia de la CRE y la CNH se vio socavada aún más por un memorando del gobierno a ambos organismos instruyéndolos a usar sus poderes regulatorios para favorecer a las estatales Pemex y CFE”, destaca el informe.
Señala que la administración designó a 5 de los 7 comisionados de la CRE a pesar de las objeciones del Senado, que votó dos veces para rechazar a los nominados en parte debido a preocupaciones de que sus nombramientos erosionarían la autonomía de la CRE.
Además, los recortes presupuestarios resultaron en despidos gubernamentales significativos, lo que ha obstaculizado la capacidad de los reguladores llevar a cabo su trabajo, un factor clave en las decisiones de inversión.
“Desde que asumió el cargo en 2018, la administración ha tomado numerosas medidas legales y regulatorias para limitar la competencia privada de Pemex y la CFE”, denuncia el documento.
Destaca que la CRE y la Secretaría de Energía (Sener) han retrasado o detenido los permisos necesarios para nuevas estaciones de servicio, terminales de combustible, importaciones de combustible y centrales eléctricas del sector privado, lo que brinda una ventaja adicional a las empresas estatales.
Señala que los esfuerzos recientes para revertir las reformas energéticas de 2013, incluidos los cambios de marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, los cambios de mayo de 2021 a la Ley de Hidrocarburos, y la propuesta de reforma constitucional de septiembre de 2021 que prioriza la generación de la empresa eléctrica estatal CFE, aumentan aún más la incertidumbre.
“Docenas de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales han buscado con éxito medidas cautelares contra las medidas, que argumentan discriminan a los participantes privados en el sector eléctrico”, añade el informe.
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