Las negociaciones por los contratos de autoabasto (contratos de interconexión legados) de energía deben de darse sin amagos, respetando la máxima de no retroactividad de la ley y garantizando la inversión en el país apegada al marco legal, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Su petición llega ante la apertura del Gobierno federal por querer establecer un diálogo con las empresas que operan bajo dicho esquema, mismo que ha sido criticado por las autoridades y la misma Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“En las negociaciones, las empresas que lo requieran, estarán acompañadas por los distintos organismos empresariales que las representan”, destacó en un comunicado.
Resaltó que para la migración de las centrales legadas de autoabasto y de los clientes que puedan registrarse como usuarios calificados y recibir la electricidad a través de un suministrador calificado, es necesario que se permita la migración de los permisos bajo el amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica a lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica.
Asimismo, consideró que de darse un diálogo, la Confederación está con la disposición de aceptar una propuesta para mejorar las condiciones del mercado de la industria eléctrica.
“Se pueden hacer ajustes a los contratos de autoabasto y a las licitaciones para adecuarlas a las condiciones que tiene el país y para fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al CENACE y, con ello, generar certidumbre a la autoridad y a las empresas”, afirmó.
Subrayó que este diálogo será fructífero, sí y sólo sí, se escuchan los argumentos de las empresas, se respeta la Constitución y los Tratados internacionales que ha firmado México, se privilegia la urgente necesidad de producir energías limpias y se respeta al medio ambiente, se alienta la competitividad y se garantiza la certidumbre para que cualquier inversionista tenga la confianza de que en México se cumplen las leyes y los contratos.
La Coparmex mostró preocupación y condenó el hostigamiento del que han sido objeto los diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica.
“No cabe ningún tipo de violencia ni amenazas por ejercer el derecho a disentir ya que es uno de los pilares en un régimen democrático. Nuestro llamado es para que estas acciones que polarizan y fragmentan a nuestra sociedad se detengan y se anteponga la unidad nacional”, añadió.
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