La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, urgió que México frene la incertidumbre que impera en el sector energético, a fin de garantizar la protección a las inversiones de sus empresas en territorio nacional.
“Urge que su gobierno suspenda estas preocupantes acciones y asegure que los derechos de los inversionistas estadounidenses estén protegidos”, señala la funcionaria estadounidense en una carta firmada el pasado 31 de marzo, y enviada a Tatiana Clouthier, secretaria de Economía de México.
La administración de Joe Biden está considerando todos los mecanismos de defensa disponibles bajo el amparo del T-MEC, para resolver las preocupaciones de sus inversionistas, advierte la misiva.
“Desafortunadamente, mientras hemos intentado ser constructivos con el gobierno mexicano para hacerle llegar estas preocupaciones, no ha habido un cambio en sus políticas y las empresas estadounidenses siguen enfrentando un trato arbitrario”, destacó Tai.
Las decisiones del Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación ponen en riesgo inversiones de por lo menos 10 mil millones de dólares, que en su mayoría pertenecen a centrales de energía renovable.
El monto citado en la carta y que podría equivaler a una demanda de indemnización al amparo del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), equivale aproximadamente al presupuesto para la construcción de otra refinería como la de Dos Bocas, en Tabasco.
Tai afirma que el gobierno estadounidense ha sido claro en demostrar que el T-MEC también se aplica al sector energético mexicano.
“Por tal motivo no estamos dispuestos a ignorar el creciente grupo de inversionistas que están incrementando sus preocupaciones, desde asociaciones no gubernamentales, hasta miembros del Congreso, cámaras empresariales y compañías pequeñas y grandes”, indica el texto.
La administración estadounidense advierte que hay obligaciones del acuerdo comercial que no están siendo respetadas por México, entre ellas el trato no discriminatorio para las empresas de la Unión Americana.
“Por un largo periodo de tiempo el gobierno de Estados Unidos ha externado serias preocupaciones sobre una serie de cambios administrativos, regulatorios y legislativos en el sector energético que violan esas obligaciones, incluyendo la reforma de a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de 2021”, añade la carta.
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