El pasado 30 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional en materia energética donde principalmente se plantean modificaciones de fondo al sector eléctrico.
Una vez más el Gobierno Federal de la autodenominada Cuarta Transformación utilizó la vía legislativa para revertir la Reforma Energética de 2013, la cual desde su óptica, tuvo la clara intención de debilitar a las empresas energéticas del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de otorgar beneficios ilimitados al sector privado.
Dichos argumentos sustentan la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal mexicana en relación a la industria eléctrica, enviada a finales de septiembre por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, en donde también se subraya el desmantelamiento de la industria eléctrica a través del debilitamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la seguridad energética y la seguridad nacional.
La propuesta
En 20 páginas, el mandatario federal expone concretamente su idea para crear un nuevo sistema eléctrico mexicano donde el Estado recupera el control del sector a través de la CFE, una empresa que se convierte en organismo del Estado, cancelando así su estricta separación legal obtenida con la reforma de Enrique Peña Nieto.
A la par establece como área estratégica reservada exclusivamente al Estado, la generación, transmisión, transformación, distribución y suministro de energía eléctrica, además, dispone una generación eléctrica pública de al menos el 54%, mientras que el sector privado podrá generar como máximo el 46% de la electricidad requerida.
Adicionalmente, los generadores privados deberán sujetarse a la planeación y control del SEN, a través de la CFE.
El proyecto prevé cancelar los permisos de generación eléctrica y los contratos de compraventa de electricidad celebrados entre privados y CFE. De igual manera establece que la generación procedente de las modificaciones de los permisos de autoabastecimiento que fueron otorgados en contravención a lo establecido en la ley del servicio público de energía eléctrica no será reconocida ni adquirida por la CFE.
Propone la desaparición la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), asumiendo sus funciones la Secretaría de Energía a cargo de Rocío Nahle cuando ésta última no participa en el mercado eléctrico sino en el sector de hidrocarburos.
Finalmente, pretende otorgar a la CFE la facultad de determinar las tarifas de transmisión y distribución, así como las tarifas para usuarios finales; cancelar los certificados de energía limpia (“CELs”); incorporar al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la estructura orgánica de la CFE y la suspensión de nuevas concesiones sobre el litio y otros minerales estratégicos necesarios para la transición energética
El debate
El debate por esta propuesta federal comenzó desde su recepción en la Cámara de Diputados pues voces del sector privado, público, consultorías, instituciones bancarias y analistas del sector manifestaron un posicionamiento a favor o en contra.
Por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a la iniciativa como una ‘Reforma Tóxica para las familias’ tras hallar distintas implicaciones negativas, entre ellas, un golpe a la libre competencia, un freno a la inversión, un fallo directo a los tratados internacionales de los que México forma parte.
“Si se excluye a los privados y se apuesta por el monopolio de la CFE, sus elevados costos se traducirán en mayores tarifas o en más subsidios”, consideró.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó un boquete en las finanzas y la economía nacional con reforma eléctrica, además que pondría en jaque inversiones en el sector, ejecutadas o en proceso, por alrededor de 44,000 millones de dólares.
Lo anterior generó aún más incertidumbre en el empresariado nacional que calificó a la iniciativa de reforma como injustificada y anticompetitiva tras querer convertir a la CFE en un organismo dotado de autonomía constitucional, pero con la posibilidad de tener un estatus legal superior al de las secretarías de Estado.
Aunado a ello, visualizaron un retraso y retroceso en la modernidad del país al dejar de lado el potencial renovable con el que el país cuenta, así como sus beneficios en la reducción de emisiones contaminantes.
Desde el punto de vista del sector público, la propuesta del Presidente va en línea con los objetivos de su Gobierno, es decir, el fortalecimiento y rescate de la empresa eléctrica nacional cuya misión es servir a los mexicanos.
Consulta el texto completo en la RevistaE21 diciembre-enero.
Comenta y síguenos: @Energy21Mx
