La nueva reforma del Presidente, Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión y por la cual se modificaría la Ley de Ley de Hidrocarburos (LH), afectaría el ya deteriorado clima de inversión que se observa en el sector energético desde el inicio de la actual administración, consideró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Mediante un comunicado, el Instituto expresó su preocupación ante la iniciativa de reforma que el titular del Ejecutivo pretende aplicar al sector energético después de los resultados y consecuencias de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, misma que por el momento, se encuentra suspendida por orden de un Juzgado Federal y en respuesta a la ola de amparos que se interpusieron en su contra por parte de particulares.
En su óptica, este nuevo ‘golpe’ pretende dar un amplio margen de discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para otorgar y revocar permisos para que empresas del sector privado participen en la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, expendio, e importación y exportación de hidrocarburos.
“En caso de aprobarse, esta iniciativa representaría una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México”, subrayó el IMCO.
Su argumento radica en que ésta amenaza con expropiar las instalaciones de las empresas permisionarias en materia de hidrocarburos para beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Asimismo, dota de facultades discrecionales a la Sener y a la CRE para suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo y establece que estas dependencias podrán suspender los permisos que han emitido para que empresas privadas participen en las distintas etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos cuando éstas consideren que sus actividades representan un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía”.
Como principales afectaciones, el IMCO destacó un claro mensaje en contra del sector privado el cual busca ser desplazado al favorecer abiertamente a Pemex.
Paralelamente, la iniciativa pone en riesgo a la certidumbre jurídica en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración.
Por ello, el IMCO exhortó a los integrantes de la Cámara de Diputados a no aprobar esta iniciativa.
“Esto representaría un duro golpe al Estado de derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no solo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México”, advirtió.
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