Las demoras en el otorgamiento de permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) así como los recientes cambios regulatorios en el mercado eléctrico figuran como dos grandes desmotivadores para la industria renovable mexicana, consideró la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
De acuerdo con la Autoridad, hasta octubre de 2020, la CRE tenía pendiente de resolver 99 solicitudes de permiso y 153 solicitudes de modificación y transferencias de permisos en materia eléctrica.
“Hay solicitudes que llevan hasta 300 días hábiles sin resolverse, cuando la norma prevé un máximo de 75 días hábiles” expuso Cofece en su documento titulado “Transición hacia mercados competidos de energía: Los Certificados de Energías Limpias en la industria eléctrica mexicana”.
En éste, la Autoridad hizo referencia a la falta de expansión de las redes de transmisión y generación debido a que no existe una vigilancia y seguimiento de las obras autorizadas en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) y no se han implementado los mecanismos previstos en la normativa para celebrar contratos con particulares para ejecutarlas.
“Esto dificulta la interconexión de nuevos proyectos, sobre todos los que deben ubicarse donde está disponible cierto recurso natural, como el sol y el aire, que pueden estar alejados de los centros de consumo”, indicó.
Para permitir la instalación de proyectos que permitan reducir los costos de generación de la electricidad, la Cofece recomendó que la CRE respete los tiempos y condiciones para resolver sobre los permisos de generación, a la par, implemente y fortalezca los mecanismos de planeación, seguimiento y vigilancia para asegurar la ejecución de las obras necesarias de infraestructura de transmisión que permita la interconexión de los proyectos de generación.
Finalmente, asegurar que la metodología de cálculo y ajuste de las tarifas reguladas de transmisión reflejen los costos y mantengan los incentivos para invertir en la expansión de la red; y hacer uso de los mecanismos de flexibilización y confiabilidad previstos en la normativa vigente, evitando recurrir sin justificación técnica a políticas o intervenciones que vulneran el despacho económico y el acceso no indebidamente discriminatorio a las redes.
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