Grissell Rodríguez Febles, jueza Primero de Distrito en el estado de Campeche declaró “notoriamente improcedente” el juicio de amparo solicitado por Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de que su empresa Litoral Laboratorios Industriales continuara participando en las licitaciones de Pemex.
El recurso promovido por Felipa Obrador va directamente en contra del memorándum 016/06/13/19 propuesto por el mandatario federal en 2019 sobre no aceptar, secretarios del gobierno Federal, directores de Empresas u Organismos Paraestatales y a los servidores públicos en general, propuestas en sus licitaciones en las que participaran sus familiares.
Dicha decisión para la prima del Presidente de México significó una medida que vulnera su derecho al trabajo al no poder realizar contratos con empresas públicas y privadas como representante legal de Litoral Laboratorios Industriales.
“Se estima que el memorándum en debate no produce agravio personal y directo a la empresa quejosa (…) ni que por tal memorándum se vede la posibilidad o se prohíba participar en licitaciones para obtener contratos con el sector público o privado”, justificó la jueza.
En su demanda, Obrador Olán expuso el veto presidencial provocó la rescisión de un contrato y una advertencia para no presentarse a futuras licitaciones con Pemex.
Ante esto, la autoridad señaló que la cancelación del contrato no se dio por la emisión del recurso presidencial, sino por haber incumplido la cláusula contractual 30, numeral 30.1, asociada a la “Manifestación de Vínculos de los Particulares”.
En su resolución, Rodríguez Febles explicó que el memorándum es una simple recomendación presidencial hacia los funcionarios de gobierno, para evitar gestiones al margen de la ley por parte de familiares o personas relacionadas para obtener beneficios o contratos, pero no determina algún veto que restrinja el derecho fundamental del trabajo lícito de la empresa quejosa.
“Se refiere, en un contexto integral, a que no existan actos de corrupción e influyentismo de los familiares del presidente con la administración del gobierno federal, pero de ninguna forma se encuentra dirigido materialmente a la empresa quejosa o a negarle contratos públicos y privados o la participación en licitaciones en igualdad de condiciones con otros prestadores de servicios”, se lee en el escrito.
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