Un supuesto memorándum firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de julio habría dictado el fin de la Reforma Energética al proponer recuperar el pleno dominio público del petróleo y de la industria eléctrica, es decir, no continuar con la privatización del sector energético y frenar la aplicación de las medidas impuestas para beneficio de particulares.
En dicho documento se subraya que tal objetivo se llevará al límite permitido por el marco jurídico actual, de no ser así, su gobierno no descarta motivar una nueva Reforma Energética que le permita continuar con el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A la par, el mandatario federal habría planteado 17 cambios a emprenderse tanto en las dos empresas productivas del Estado como en los organismos reguladores del sector, es decir, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Entre los puntos más sobresalientes, destaca el mantener la política de no aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, diésel, gas y electricidad, además de reiterar su compromiso por alcanzar la autosuficiencia energética por el bien de la soberanía nacional.
En ese sentido fija para 2020 y los cuatro años posteriores una producción de crudo que va de 1.8 millones de barriles diarios a 2.2 millones de barriles al día.
A la par, prevé continuar con el programa de rehabilitación de las seis refinerías para alcanzar, en 2022, un procesamiento de 1.2 millones de barriles diarios, así como terminar ese mismo año la refinería de Dos Bocas, Tabasco.
En materia de electricidad, AMLO habría decretado priorizar y optar por lo más rentable: construir o reconstruir plantas para satisfacer la demanda del sureste, en particular la península de Yucatán, así como abastecer con energía suficiente a Baja California Sur.
Sobre los contratos suscritos en la anterior administración, López Obrador en teoría, reconocería su validez siempre y cuando no impliquen fraudes en contra de la nación.
“De existir pruebas de influyentismo y corrupción, presentar las denuncias penales competentes”, se lee en el documento.
Rumbo al final del escrito de 8 páginas, el Presidente habría pedido su apoyo y opinión a los órganos reguladores sobre si está permitido por la ley o no el fortalecimiento de Pemex y CFE bajo estas directrices.
“Los órganos de regulación creados durante el periodo neoliberal deben ajustarse a la nueva política económica y energética y que su misión debe ser la de sumar esfuerzos con la Secretaría de Energía, Pemex y CFE”, agrega el memorándum.
Hasta el momento, Sener, CRE, CNH o incluso el mismo Presidente se han pronunciado sobre la autenticidad del escrito el cual no posee ningún formato oficial de la 4T o una firma al calce.
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