En su primera entrega de la Cuenta Pública 2020, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el contrato 640858812, suscrito entre J. Ray Mcdermott de México y Pemex asociado a la Ingeniería, procura y construcción de dos ductos marinos, donde la petrolera nacional perdonó al contratista una multa de 159 millones 501 mil pesos.
En su resolución, la Auditoria subrayó la falta de aplicación de penas convencionales a la contratista por el monto citado equivalente a 7 millones 420 mil dólares al tipo de cambio promedio anual de 2020, de 21.4961 pesos por dólar, ya que ésta no presentó a tiempo los planos ‘As Built’.
Lo anterior, determinó la ASF, equivale a un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por parte de Pemex, la cual no entregó la documentación comprobatoria que sustentara la aplicación de las penas convencionales, ya que el contratista no concluyó los trabajos conforme a los alcances estipulados en la cláusula 5 del contrato referido.
De acuerdo con el expediente de la ASF, el convenio se celebró el 19 de julio de 2018 entre las partes para la construcción de un oleogasoducto de 24 pulgadas de diámetro con una longitud de 3.2 kilómetros aproximadamente de la plataforma PP-Ayatsil-C hacia la plataforma PP-Ayatsil-A (Línea 1) y un oleoducto de 8 pulgadas de diámetro por 1.5 kilómetros de distancia aproximadamente de interconexión submarina en L-7 hacia la plataforma PP-Ayatsil-C (línea 10), a instalarse en el Golfo de México.
A decir de la ASF, Pemex realizó una deficiente programación y presupuestación de los recursos financieros asignados al proyecto, debido a que no se acreditó haber solicitado ni contado con suficiencia presupuestal para atender las obligaciones de pago generadas en el contrato referido durante el ejercicio 2020.
Paralelamente, no proporcionó la documentación que acredite que el contrato referido estuvo incluido en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias de 2020.
Cabe destacar que la Auditoría Superior de la Federación emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, o su equivalente, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron una deficiente programación y presupuestación de los recursos financieros asignados al proyecto.
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