De acuerdo con el Jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, será en noviembre cuando la actual administración determine el regreso de las rondas petroleras canceladas a finales de 2018 por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Si en noviembre me demuestran los que firmaron los contratos que cumplen con la producción y la rentabilidad para Hacienda, abriremos las rondas”, sostuvo durante su intervención en la edición 51 del Foro Nacional de la Industria Química.
Sobre el desarrollo de provincias petroleras como aguas profundas, el funcionario apuntó que participarán ambos sectores.
“Y todo lo demás, aguas profundas respetando lo que tiene el sector público y privado con los escasos recursos que el Gobierno tiene, el rol de la IP será cada vez más importante”, agregó.
La declaración de Romo se contrapone por lo dicho por el mandatario federal esta mañana, quien en su conferencia de prensa consideró que no es rentable para la petrolera nacional ir a aguas profundas.
“De la Reforma Energética hay como 40 contratos que se dieron para aguas profundas para particulares… ¿saben cuánto han invertido? Cero porque consideran que no es negocio, entonces, qué tiene que hacer Pemex si ni los que tienen los contratos están invirtiendo”, recalcó el Presidente.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) realizó dos licitaciones para aguas profundas, la primera de ellas en la cuarta convocatoria de la Ronda 1 en 2016, y la segunda en la cuarta convocatoria de la ronda 2 llevada a cabo en 2018.
Sinergia con privados
Desde Expo Santa Fé, Romo reconoció lo necesario que es para la industria energética del país la participación de la iniciativa privada y aseveró que no hay forma de crecer sin ella, de ahí que en el sector eléctrico, el 46 por ciento de la generación de energía será responsabilidad de la IP, mientras que el 54 por ciento restante estará a cargo del sector público, es decir, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Caso contrario para el desarrollo de la industria petroquímica, la cual apuntó Romo, será el 90 por ciento para la IP y sólo el 10 por ciento para el sector público.
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