La industria gaselepera no sólo enfrenta el robo, comercialización y distribución de gas licuado de petróleo (gas LP) ilícito, sino que también debe luchar contra la extorsión (derecho de piso) por parte de la delincuencia organizada quienes cobran a distribuidores entre 500 y mil pesos a la semana para poder trabajar en distintas rutas.
“Es una descomposición, es un tema que exhortamos y aunque nos han apoyado mucho, el problema es tan grande pero falta más que hacer”, manifestó sobre el tema Carlos Serrano presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas).
Explicó que el precio cobrado a cilindreros, autotanques o camionetas varía dependiendo de la zona del país, pero principalmente se concentran en las entidades en donde también se concentra el robo del hidrocarburo a Petróleos Mexicanos (Pemex), siendo éstas Puebla, Estado de México, CDMX, Veracruz y en algunas regiones del Bajío.
Detalló que el robo del energético se ha incrementado, incluso la Amexgas contempla que las pérdidas son alrededor de 50 mil toneladas mensuales, es decir, un 5 u 8 por ciento de las 650 mil toneladas que se tienen en promedio de venta al mes a nivel nacional.
“Tiene una afectación económica y patrimonial a Pemex que es a quien le roban el gas, al Estado mexicano y al consumidor que desconoce que participa en una cascada de hechos ilegales; en muchas ocasiones no sabe que el producto que compra es distribuido por personas que están haciendo algo malo”, dijo.
“Mucho de este producto se distribuye en equipos de reparto o en ES que no cumplen con las normas de fabricación y de seguridad y que no cumplen con los estándares de capacitación y que no tienen seguro de responsabilidad civil; la población sin saberlo está expuesta”, añadió.
Sobre el tema de controles volumétricos, Serrano indicó que no están en contra de una obligación regulatoria y de algo que ayude a dar trazabilidad a la molécula, sin embargo, Es importante que se ejerza una regulación efectiva, pero para que todos los agentes, tengan la obligación de estar registradas y cumplan con la normatividad tanto en la seguridad como en el origen licito del producto.
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