La reforma a la Ley Minera en materia de litio, deja en total incertidumbre a las concesiones existentes porque no queda claro si el gobierno las va a respetar o si podría cancelarlas o modificarlas, advirtió Ricardo Ramírez, presidente de la Comisión de Comercio e Inversión de la International Chamber of Commerce (ICC) México.
“La iniciativa original incluía un artículo transitorio que establecía que las concesiones existentes no se verían afectadas. El problema es que la reforma aprobada no tiene ese transitorio y no sabemos qué vaya a hacer el gobierno con las concesiones que ya otorgó”, afirmó el directivo en entrevista con Energy21.
El pasado 19 de abril el Congreso de la Unión aprobó una reforma que establece que el litio es propiedad exclusiva del Estado, el cual se encargará de su explotación y extracción, a través de un organismo público que se creará en un plazo de 90 días hábiles.
De acuerdo con información compartida por el senador de Morena, Alejandro Armenta, a Energy21, existen 31 concesiones de litio vigentes en México que están en manos de naciones como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, España y China.
Dichas concesiones se encuentran en Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí, Coahuila y Baja California.
“La pregunta es qué está pensando hacer el gobierno, y viendo los debates podemos decir que no han sido lo suficientemente claros, porque ellos hablan de una nacionalización en donde no se entiende exactamente qué pretenden”, afirmó Ramírez.
“Hay incertidumbre, principalmente porque desconocemos qué va a pasar con las inversiones que ya están en marcha”, abundó.
Por otro lado, comentó que tampoco se conoce hasta qué punto podría participar la industria privada dentro de la cadena de valor relacionada con el litio.
“Si lees la ley podría interpretarse que no estaría permitido, pero el gobierno federal no ha sido contundente en este tema. Si se permitiera habría que ver bajó qué condiciones, con qué reglas y hasta qué límites, es algo que aún desconocemos”, afirmó.
Opinó que tampoco hay claridad sobre el potencial de este mercado, pues la iniciativa no incluye una justificación sobre la cantidad exacta de reservas que hay en el país y el posible tamaño del negocio.
“No se sabe del potencial de los yacimientos ni tampoco su viabilidad económica, pero lo más preocupante es la señal de incertidumbre que se envía a los inversionistas privados”, añadió.
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