La reforma a la Ley Minera viola los tratados comerciales que tiene México con otros países, y podría desatar arbitrajes que obligarían al gobierno federal a indemnizar a las empresas que tienen concesiones, advirtió la International Chamber of Commerce (ICC) México.
Recientemente el Congreso de la Unión aprobó cambios a esa ley, para declarar al litio como un mineral de explotación exclusiva para el Estado.
En un posicionamiento, el ICC detalla que los artículos 9.12 y 10.7 del Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) prohíben que las partes modifiquen su marco normativo para introducir restricciones en actividades o sectores que no se reservaron en el Anexo I o II de dicho instrumento.
México no se reservó como actividad al Estado Mexicano la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, destaca el organismo.
Otras disposiciones de este Acuerdo y de los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIS) podrían también haber sido violadas, incluyendo disposiciones de APPRIS celebrados con Australia, China y el Reino Unido.
ICC México afirmó que el litio, al igual que otros recursos minerales, es patrimonio de la nación, tal como lo consagra el artículo 27 Constitucional.
“Sin embargo, dicho reconocimiento no debe confundirse con el derecho que tienen los inversionistas mexicanos y extranjeros de participar, a través de concesiones, en actividades económicas relacionadas con la exploración, explotación y producción de recursos minerales”, aclaró.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, México se ubica entre los 10 principales productores de 17 diferentes minerales que, al igual que el litio, son propiedad del Estado Mexicano y en los que actualmente participa el sector privado, como la plata, fluorita, celestita, sulfato de sodio, wollastonita, bismuto, molibdeno, plomo, cadmio, sulfato de magnesio, zinc, diatomita, barita, yeso, sal, oro y cobre.
La misma fuente gubernamental informa que existen concesiones mineras relacionadas con el litio, que fueron otorgadas a empresas de Australia, Canadá, China y el Reino Unido.
“Resulta preocupante que en la reforma a la Ley Minera no se contempla ningún tipo de excepción a la declaración de utilidad pública, ni refiere qué pasará con las concesiones vigentes”, indicó el ICC.
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