El gobierno de México pagaría, aproximadamente, 677 millones de dólares a Monterra Energy y Monterra Energy Holding como reparación de daños por acciones discriminatorias tras la clausura de la terminal de combustibles que operaban en Tuxpan.
Las empresas presentaron una Notificación de la Intención de Someter una Reclamación a Arbitraje en contra de las autoridades mexicanas, pues hace cinco meses suspendieron la terminal referida.
Dicha acción tiene sustento en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde se establecen los mecanismos para la indemnización de compañías estadounidenses a través de un proceso de arbitraje internacional.
“Hemos hecho más de lo que se pudiera esperar para resolver de manera cooperativa este asunto, a fin de seguir apoyando la economía y seguridad energética de México y proveer empleos bien remunerados”, señaló Arturo Vivar, CEO de la compañía en un comunicado.
Asimismo, el directivo hizo un llamado al Gobierno Federal para ‘salvaguardar el Estado de derecho’ y cumplir con las obligaciones que el país asumió en el TLCAN, destacando que buscan una resolución amistosa.
“Monterra ha intentado de manera reiterada resolver la clausura, incluyendo al proveer amplia evidencia de su cumplimiento total con el marco legal y regulatorio. Las autoridades han ignorado la evidencia”, detalló la firma estadounidense en el documento.
El 4 de mayo de 2018, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), otorgó un permiso de 30 años a la compañía para la terminal en Tuxpan, esto de luego de verificar que operaba con apego a la normatividad.
Por ello, en julio de 2021 la empresa dio aviso al órgano regulador sobre el inicio de operaciones del sistema de almacenamiento y, el 13 de septiembre de ese mismo año, la CRE realizó una visita extraordinaria con la Guardia Nacional (GN) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), quienes suspendieron las instalaciones de manera temporal sin ninguna justificación judicial.
Comenta y síguenos @Energy21Mx
