La implementación de un sistema para el control de los precios máximos de gas LP en México tendría efectos negativos para las empresas y los consumidores, ya que no es posible fijar una tarifa para todos los mercados regionales, consideró la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).
Esta medida también tendría consecuencias en la cobertura de distribución a los consumidores, lo que incrementaría el consumo de la leña (provoca daños a la salud de las personas y el medio ambiente), afectaría la seguridad de las operaciones, desincentivaría la inversión en la cadena de suministros en los mercados regionales y promovería el abastecimiento de gas ilícito.
Como alternativas de solución, la Amexgas propone combatir el gas robado y su distribución ilícita, lo que ayudaría a disminuir la tarifa del combustible en los consumidores finales, además de agilizar la entrega de permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a empresas distribuidoras para promover la competencia.
“Con este conjunto de acciones lograr una disminución significativa del precio al público en el corto plazo, sin la necesidad de distorsionar los mercados mediante un precio controlado”, detalló en un comunicado.
Finalmente, la Asociación destacó que en México existe una intensa competencia en los precios del combustible, pues mensualmente se reportan más de 400 mil tarifas diferentes a la CRE.
Actualmente, existen mil 292 plantas de distribución en México, 33 plantas de almacenamiento, cuatro mil 746 estaciones de servicio, más de dos mil 500 transportes y 35 mil equipos de reparto de gas LP en México, mismos que generan más de 200 mil empleos directos y 500 mil indirectos.
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