El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no aumentará su participación en el mercado de generación energético pese a la compra de 13 centrales eléctricas a Iberdrola.
Destacó que el financiamiento del sector público para realizar este movimiento no cambia legalmente la propiedad de las centrales, ya que podrían mantenerse privadas. Además, de que no se han revelado los porcentajes de participación entre los organismos públicos y la firma española.
“Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), es importante destacar que, a pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales y la gestión del fideicomiso será privada, ajena al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es decir, la CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica”, explicó en un comunicado.
Aunque las autoridades mexicanas expresaron que la generación eléctrica de la CFE pasará de 39.6 por ciento a 55.5 por ciento, la mayor parte de la generación ya está en manos de la eléctrica nacional puesto que los Productores Independientes de Energía forman parte de su matriz energética a través de CFE Generación V.
“Esta venta no representa una nacionalización de la industria (…) aunque abre la puerta a que la empresa estatal expanda las condiciones de su contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de las nuevas centrales, y pone en riesgo su rentabilidad en el mediano y largo plazo”, resaltó.
La organización agregó que, del total de activos para la transacción, 12 son centrales de ciclo combinado y una es eólica. En tanto, 10 operan en el esquema de Productores Independientes de Energía y 3 de manera privada en el Mercado Eléctrico Mayorista.
La venta de los activos se da en un contexto en el que Iberdrola busca reducir su huella de carbono para impulsar inversiones en tecnologías bajas en emisiones. Por ello, en noviembre de 2022 anunció la inversión de 51 mil millones de dólares para proyectos de infraestructura de redes y generación renovable a un plazo de 3 años.
Finalmente, el IMCO cuestionó que la asignación de recursos sea correcta para la compra, pues se trata de centrales que operan con combustibles fósiles, las cuales podrían frenar la transición energética en México.
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