La renegociación entre las empresas privadas y el Gobierno federal para redefinir los contratos de autoabasto será la próxima guerra que se avecina en el sector eléctrico, pues pone en juego inversiones por 26.8 mil millones de dólares y el riesgo de arbitrajes internacionales contra México.
Con la Reforma Energética de 2013 surgió el autoabasto, una modalidad de permiso de generación de energía eléctrica prevista en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) abrogada en 2014, que permitía que personas físicas o morales generaran electricidad para su propio consumo.
Esta figura nació de la necesidad de contar con un suministro eléctrico estable y a precios competitivos, que permitiera el desarrollo de la actividad manufacturera mexicana en el marco del proceso de integración comercial con América del Norte durante la década de los noventa.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó el primer permiso de autoabasto en 1994, en un contexto en el que el Estado no tenía la capacidad financiera ni operativa para proveer energía eléctrica a precios competitivos a las empresas ubicadas en México que tendrían que competir con sus contrapartes de Estados Unidos de América y Canadá.
Así, se entregaron 468 permisos, de los cuales 347 se mantienen vigentes, en su mayoría permisionarios privados, aunque también públicos, quienes pueden generar electricidad con sus propias plantas y no depender de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) más que para la transmisión de esta, detalla un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La CFE, bajo el mando de Manuel Bartlett, denunció que algunas compañías abusaron de este mecanismo para crear sociedades por tan solo un dólar y con ello utilizar las redes de la empresa estatal, sin pagar los precios justos por la transmisión.
Según datos de la Comisión hay 243 centrales eléctricas que cuentan con 77 mil 767 clientes bajo este presunto esquema fraudulento; 72 de estas plantas son de fuentes renovables intermitentes que no pueden sostener una operación continua y que requieren respaldo de la CFE.
Estas plantas implican una afectación económica por 10 mil millones de pesos al año para la Comisión.
Entre las empresas que participan en este mecanismo, están Iberdrola, Mitsui, Naturgy y Saavi, según los datos de la empresa eléctrica nacional.
Para los expertos, la negociación entre las partes terminará en un conflicto cuya única salida será la vía legal.
“Yo no creo que vaya a haber una negociación. Pocas empresas se prestarán a ello. La realidad es que la ley protege a las empresas y a sus proyectos, y sería un error sentarse a negociar”, opinó Carlos Flores, consultor en materia de electricidad.
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