La constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril pasado contribuye con el rescate y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no se verá detenido aunque la reforma constitucional en materia energética fue rechazada por el Poder Legislativo, consideró la misma empresa productiva del Estado.
En el Informe Anual 2021 enviado al Senado de la República, la CFE dedica un espacio a las Propuestas de modificación al marco normativo por parte de la actual administración federal con la finalidad de robustecer operativa y financieramente a la eléctrica nacional y el cómo particulares e instituciones promovieron juicios de amparo contra la LIE obteniendo suspensiones definitivas.
“El 21 de marzo, la Secretaría de Energía (Sener) emitió un Acuerdo que suspendió todos los efectos y consecuencias derivados del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, rememora.
En el documento, la CFE destaca solo el resultado a favor del Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación que desestimó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en la cual, se analizó desde la violación a tratados internacionales hasta el desequilibrio que se genera en el sector eléctrico a nivel participantes privados y consumidor final.
“La SCJN resolvió que la Iniciativa presentada en marzo de 2021 no es inconstitucional como reclamaban los promotores de acciones y controversias. Gracias a este fallo, es previsible que las condiciones de la CFE cambien en el corto plazo”, vislumbra.
Con la ratificación de los cambios a la LIE, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tiene la autorización de priorizar la generación eléctrica de las plantas de la CFE por encima de las privadas, es decir, primero despachará las centrales hidroeléctricas de la Comisión, para después continuar con la energía eólica y solar de los particulares.
A la par, se establece que los Certificados de Energía Limpia (CELs) se puedan entregar a cualquier productor de energía sin importar que sus centrales sean nuevas o ya estén construidas.
Para este Gobierno, la política adoptada para el sector eléctrico, en las últimas 3 décadas, concretamente las reformas de 1992 y 2013, debilitaron a la CFE y al Sistema Eléctrico Nacional en su conjunto.
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