A días previos de que legisladores de la Cámara de Diputados vote el futuro de la iniciativa de reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado para que ésta no sea aprobada en los términos en los que fue presentada.
Insistieron en que los diputados y diputadas escuchen la voz de los ciudadanos y se tomen en cuenta las opiniones de todos los sectores y voten por lo que México necesita, privilegiando las razones técnicas y económicas.
“Reiteramos el llamado a nuestros representantes en San Lázaro, para que eviten dañar al país y a las familias con una reforma sin consenso y sin haber atendido los comentarios a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución vertidos en más de 150 horas en el Parlamento Abierto”, señaló este jueves a través de un comunicado.
Desde su óptica, la iniciativa destruye el Mercado Eléctrico Nacional (MEN) y afecta a toda la cadena de valor del sector energético al eliminar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), y al invertir el despacho eléctrico privilegiando a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las más limpias y baratas.
“En la práctica, la reforma crea un monopolio, desplaza al sector privado en beneficio único de la CFE debido a que los privados que hoy compiten para generar energía sólo podrían venderla al precio y cantidad que ésta decida comprar, lo cual terminaría con la competencia en nuestro país”, señaló Coparmex.
Otra consecuencia que la Confederación subrayó es el incremento de incremento de por lo menos el 17 por ciento para las tarifas domésticas y de por lo menos 150 por ciento para las empresas; además se generaría un boquete en las finanzas públicas.
“México no necesita más división, polarización ni legislaciones dogmáticas o ideológicas, nuestra nación requiere diálogo y colaboración para que las familias puedan superar sus carencias, salir de la pobreza a través de empleos formales, bien pagados, con prestaciones; donde se ponga al centro de las decisiones a las personas, su dignidad y bienestar, se respete el Estado de Derecho que da certeza jurídica a la inversión y se preserve nuestro derecho a un medio ambiente sano”, concluyó.
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