La posible aprobación de la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador podría provocar que México enfrente demandas a nivel internacional impulsadas por al menos 28 empresas, ante la eventual cancelación de sus contratos, advirtió el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
En el documento “Valoración de Impacto Presupuestario”, entregado a la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 28 de marzo de este año y en poder de Energy 21, el CEFP señala que la cancelación de contratos podría derivar en “externalidades” como las acciones legales que podrían tomar los actores del mercado, así como la resolución de las autoridades competentes.
Detalla que actualmente existen 57 proyectos en operación y 14 nuevos proyectos que se encuentran en etapa de ejecución, como resultado de las subastas eléctricas, con un monto de inversión de 8 mil 904 millones de dólares y una adición de 9 mil 525 megawatts de capacidad eléctrica en energía limpia.
“Estos proyectos involucran al menos a 28 empresas de diversos países que en caso de aprobarse la iniciativa estarían en posición de interponer controversias internacionales o exigir ser indemnizadas, según lo convenido en los contratos y si se encuentran bajo el amparo de tratados internacionales”, detalla el análisis.
Estos litigios constituirían en su caso pasivos contingentes en un mediano plazo, a cargo del Estado mexicano.
Las empresas que potencialmente podrían demandar al gobierno mexicano provienen de España, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, China, Japón y México, indica el CEFP.
Entre las compañías que ganaron contratos en las subastas eléctricas se encuentran Recurrent Energy Mexico Development, Parque Eólico Reynosa III, Energía Renovable del Istmo II, Enel Green Power, Gestamp Wind México II, Alten Energía Renovables y Sunpower Systems México, entre otras.
La iniciativa presidencial establece que el Estado será el encargado de la transición energética, a través de las disposiciones que emita la CFE.
“Esta modificación sí generaría un impacto presupuestario por la implementación de las políticas mencionadas. La magnitud de esta dependerá de las características de las mismas”, detalla al respecto el documento.
Explica que podría haber un costo de inversión adicional necesario para que la CFE incrementara su factor de planta, lo anterior en la medida en que se necesite renovar el equipo y maquinaria.
Viabilidad del litio, en duda
Por otro lado, el organismo afirma que no se cuenta con información clara sobre la disponibilidad del litio como recurso, que permita estimar la magnitud del impacto que provendría de las inversiones necesarias para las actividades de exploración, explotación, comercialización, proceso e industrialización de ese mineral y sus derivados.
“Adicionalmente, podría generarse un impacto potencial que provendría de la inversión en la exploración y explotación del litio, así como un ingreso adicional por la distribución y comercialización del mismo”, añadió.
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