El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) planteó un listado de ocho riesgos que podría acarrear la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, si es aprobaba por el Poder Legislativo.
La asociación civil destacó la propuesta de desaparecer a dos órganos reguladores en materia energética: Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), hecho que reduciría la transparencia y el sustento técnico de decisiones fundamentales para el sano desarrollo del sector energético mexicano, dejándolas a consideraciones políticas.
En segunda instancia, el IMEF consideró que la iniciativa en sí, atentaría gravemente contra la competencia, inhibiendo incentivos naturales para la productividad del sector y para la generación de condiciones de precio justas para los consumidores.
A la par, se afectaría la competitividad de la planta productiva nacional, al no contar con insumos eléctricos fundamentales para las actividades productivas en condiciones similares a los competidores comerciales internacionales.
En materia legal, el IMEF indicó que con este nuevo proyecto se golpearía a la ejecución de contratos ya firmados por empresas inversionistas con el Estado mexicano.
“Se daría una nueva señal contundente a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la vulnerabilidad de nuestro estado de derecho, lo que eleva sustancialmente el riesgo de invertir en México y limita de manera profunda la capacidad de crecimiento económico del país”, señaló como quinto punto.
En materia de cambio climático y compromisos internacionales de los que México forma parte, ésta solo rezagaría al país de la transición energética global hacia fuentes limpias y renovables de energía, afectando la salud de los mexicanos.
Finalmente, considera que este proyecto eléctrico ejercería una mayor presión sobre las finanzas públicas nacionales, lo que elevaría su vulnerabilidad, adicionalmente, se elevaría el riesgo de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del Estado mexicano, en especial debido a la posible violación del espíritu del T-MEC en materia de trato no discriminatorio, inversiones, expropiaciones indirectas, así como la venta y compra por parte de empresas del Estado y monopolios, lo cual elevaría los costos del propio Estado mexicano y reduciría la capacidad operativa de la CFE.
“La aprobación de la Iniciativa en los términos en los que está planteada resultaría contraproducente para sus propios objetivos, para el bienestar de las familias mexicanas, para el desarrollo del sector energético y para la economía nacional”, sentenció.
El IMEF exhortó respetuosamente al Congreso de la Unión a analizar a fondo los impactos de la Iniciativa anteponiendo el interés de la Nación a consideraciones políticas.
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