Tanto la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentaron la decisión de la Cámara de Diputados tras dar un aval absoluto a la iniciativa preferente del Presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
“En Coparmex lamentamos que la mayoría de las y los diputados desatendieran las razones técnicas y económicas expuestas por los especialistas durante los dos días de parlamento abierto, donde claramente se señaló el despropósito que representa esta reforma con la que se pierde competitividad y se compromete el futuro del país”, manifestó la Confederación en un comunicado.
En tanto Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE señaló en conferencia de prensa que la iniciativa va en contra de lo que el mismo Lázaro Cárdenas dispuso para CFE en su creación, es decir, hacer que la generación, transmisión y distribución se basaran en principios técnicos y económicos con la finalidad de obtener la energía al menor costo y reducir el precio para los mexicanos del suministro eléctrico.
Señaló que el modificar el modelo de despacho eléctrico se provocará un incremento en el costo de abastecimiento del suministro básico por 15 mil 286 millones de dólares en el periodo 2022-2026, un promedio de 63 mil 300 millones de pesos por año, un incremento al costo para el suministro básico del 17 por ciento aproximadamente.
Coparmex tachó de irresponsable que en la Cámara Baja se haya decidido darle la espalda al derecho, al medio ambiente y a la salud de los mexicanos por los daños que provocará la operación de centrales eléctricas que utilizan como combustible el carbón, combustóleo y diésel y que emitirán una mayor cantidad de partículas de dióxido de azufre a la atmósfera, por ello, instó a la Cámara de Senadores a enmendar la decisión.
“Hacemos un llamado a los integrantes del Senado para enmendar la minuta que recibirán de la Cámara de Diputados, a que sean sensibles ante las graves consecuencias y efectos regresivos de esta modificación, y que de forma directa se traducirían en un alza a las tarifas que pagarían las familias y las empresas”, explicó.
Subrayó que una decisión de tanto alcance e implicaciones debe ser tomada bajo una perspectiva técnica no ideológica más aún si el país se encuentra en medio de una crisis económica que demanda inversiones que propicien crecimiento y generen empleos.
“Con esta reforma se estaría mandando un mensaje equivocado al mundo, México no es ni debe ser un país cerrado o que vulnera la participación de la inversión privada”, manifestó.
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