El nuevo sexenio trae consigo un aire esperanzador que permite vislumbrar una posibilidad para que, el sector energético vuelva a constituirse como uno de los grandes motores del desarrollo nacional; y a la vez, trae consigo una avalancha de retos, como son el modernizar, expandir y fortalecer una red nacional de transmisión sobreexplotada, una red de distribución congestionada e insuficiente para poder satisfacer la creciente demanda; acabar con el fantasma de órganos reguladores sin independencia, estando a punto de colapsar; una parálisis regulatoria y administrativa junto con la judicialización del sector.
Con independencia de quien gane la presidencia, el sector energético está gritando por ayuda, ayuda para construir en tiempo y forma la infraestructura que requiere en materia de transmisión y distribución; ayuda para poder reactivar las inversiones en materia de proyectos renovables; para comenzar a integrar las políticas en materia energética, social y ambiental, en resumen, ayuda para poder reconstruirnos.
Tanto la materia eléctrica como la parte de hidrocarburos requieren una transformación, en donde el gobierno siente las bases y permita que el Estado de Derecho prevalezca y con ello, se pueda garantizar que las inversiones en la materia se respetarán y se impulsará nuevamente al sector energético, el cual resulta fundamental ante las oportunidades que nos presenta actualmente el nearshoring.
Los retos que tienen ante sí los candidatos presidenciales son de magnitudes inconmensurables. Por todos lados resuenan las propuestas de los candidatos, y, por el otro, la herencia de un sexenio que a todas luces nos deja un sector energético que requiere de una reestructura urgente.
La realidad obliga a centrarnos y actuar en el desarrollo de un modelo que permita alcanzar una transición energética justa, que rompa con el modelo y paradigma actual, se requiere reconstruir un sector en donde el usuario se coloque en el centro del espectro, bajo la premisa de que, la energía es un medio y no un fin en sí misma.
En ese contexto, resulta fundamental fortalecer la convivencia y colaboración plural entre empresas productivas del Estado, inversionistas, órganos reguladores autónomos y especialistas bajo un sólido marco de rectoría del Estado y una política que base su edificación en un escenario en donde las energías renovables tengas un rol predominante que permita a México alcanzar sus compromisos en materia de reducción de emisiones, aprovechando los recursos naturales que tiene con base en un enfoque de sostenibilidad.
La transición energética nos obliga a que tanto el gobierno, como la sociedad aporte lo mejor de cada uno, porque de lo contrario, los gritos de ayuda terminarán por convertirse en un silencio que entierre al País en un sepulcro y eso sí, resulta inaceptable.
Tenemos ante nosotros la oportunidad de cambiar el rumbo, salvaguardando al sector y rescatar a esta gran Nación.
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Asociada Senior en materia energética &ESG de Santamarina y Steta.
