Desde la creación del Acuerdo de París, México ha sido uno de los primeros países en desarrollar instrumentos políticos que, en teoría, llevarían a su implementación.
En ese sentido, México ha desarrollado una serie de leyes, estrategias y programas, que obligan a todos los sectores y a los diferentes órdenes del Gobierno a actuar para reducir las emisiones de gases efecto invernadero.
Pero, a pesar de ser uno de los primeros países en promulgar estos instrumentos, las metas climáticas mexicanas siempre tuvieron una brecha importante entre lo que se comprometió y lo que le corresponde reducir.
Queda claro que, en los hechos, la implementación ha sido uno de los grandes pendientes en la agenda climática mexicana.
¿El gas es limpio?
Desde hace años, la industria y políticos pro fósiles, han tratado de posicionar al gas como una energía limpia y como un combustible puente para la transición energética con el objetivo de alargar la energía fósil, aunque las y los científicos nos advierten que nuevos desarrollos fósiles, son incompatibles con la meta de mantenernos por debajo del 1.5 grados centígrados de aumento de temperatura.
El petróleo y gas son responsables del 23 por ciento de las emisiones globales del metano. En México, el sector petróleo y gas es responsable del 9.61 por ciento de las emisiones, de acuerdo con el inventario de gases y compuestos efecto invernadero publicado en 2021.
Existen estudios que afirman que hay una discrepancia significativa en las estimaciones de emisión de metano oficiales; mediante observaciones satelitales y observaciones en sitio, se afirma que las emisiones reales son hasta 105 por ciento más altas.
A pesar de eso, desde la década de 2010, ha existido una importante expansión de megaproyectos de infraestructura gasífera, principalmente privados en nuestro país.
Actualmente están en licitación, evaluación de impactos ambientales o construcción diversos ductos que pretenden llevar el gas que proviene de Texas a centros industriales, plantas eléctricas o terminales de licuefacción. Ese es el caso del Gasoducto Puerta al Sureste, el cual pretende conectar Texas con Tuxpan, Coatzacoalcos y Dos Bocas, un proyecto de CFE, TC Energy (antes Trans Canada) y AllSeas.
Este tipo de infraestructura tiene graves impactos sobre ecosistemas prioritarios como los arrecifes de coral que albergan especies de flora y fauna marina, muchos de ellos endémicos o en peligro de extinción, y que además también están relacionados con especies de valor económico para la pesca y que son sustento de muchas de las comunidades costeras del Estado.
A la par daña directamente los territorios que catalizan el cambio climático que afecta de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables y que fomentan un modelo energético sumamente injusto, enfocado a seguir abasteciendo a la industria en detrimento de la gente.
El Gobierno de México tiene una responsabilidad impostergable con su gente, responder de manera efectiva a los impactos del cambio climático no es una opción.
Es urgente combatir el problema de raíz, es decir, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero ocasionadas por la quema de combustibles fósiles, optar por una transformación energética que sea justa y que ponga a las personas y la vida en todas sus formas en el centro del diseño de la política y paralelamente nos prepare para los impactos climáticos que cada vez son más evidentes, casos como el de la comunidad de El Bosque en Tabasco, que está siendo devorada por el mar, es uno de ellos.
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Especialista en energía y cambio climático de Greenpeace.
