Desde el punto de vista de especialistas en el mercado de petrolíferos, el Gobierno mexicano actual ha quedado a deber en dos asignaciones: la primera de ellas asociada al cumplimiento de la política mínima de almacenamiento público y en la estrategia para erradicar el robo de combustible, mejor conocido como ‘huachicol’.
Como parte del panel Infraestructura, permisos, transporte y almacenamiento de combustibles ¿Qué veremos en 2024?, Perla Díaz, socia en Hogan Lovells señaló que aunque esta administración no fue la autora de la política, sí participó en la revisión que derivó en una meta para 2025: lograr durante los años 2020 a 2025, en gasolinas y diésel, 5 días de inventario mínimo, mientras que en turbosina, se deben tener 1.5 días de inventario mínimo ante cualquier situación de desabasto.
“Anteriormente la meta era más agresiva, se buscaba tener para 2025, 11 días y con este Gobierno la meta se flexibilizó lo que trae consigo un efecto positivo y negativo ya que se puede desincentivar un poco la inversión en infraestructura de almacenamiento, que era también uno de los principales objetivos que tenía esta política”, reflexionó.
Explicó que aunque la Secretaría de Energía (Sener) publicó recientemente en su Quinto Informe de labores un aparente cumplimiento, invitó a hacer un análisis más profundo a los datos compartidos por la dependencia energética.
“Nos dice Sener que el inventario de combustibles tiene una autonomía a junio de 2023 de 8.9 días para gasolina y 8.7 días de diésel, lo cual no parece ser del todo, no quiero decir real, sino más bien puede ser a lo mejor no correcto porque durante el año hay variaciones de demanda y hay variaciones también de inventario”, señaló.
En la visión de Díaz, hay un retraso en el cumplimiento de la política que deja a México en una posición de vulnerabilidad también por la falta de infraestructura y por la falta de participantes en las áreas de comercialización.
Sobre el tema de ‘huachicol’, Susana Ivana Cazorla, socia en SICEnrgy & Madero, destacó que es un tema histórico, de seguridad nacional y altamente costoso que perjudica a Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Hoy ya no hablamos del ataque a los ductos de una sola familia, de la zona en la que está determinado ducto. Hoy ya es todo un crimen organizado”, evidenció.
A la par, comentó que las tomas clandestinas siguen siendo arriba de las 10 mil a nivel nacional provocando pérdidas por 21 millones de pesos.
“Vamos mal, vamos mal en este tema y eso sin considerar lo que dicen del huachicol fiscal”, dijo.
Conflictos internacionales
Rocío Cárdenas, directora Comercial Senior de Sempra Infraestructura señaló que cada vez se tendrá que competir un poquito más por la molécula a nivel internacional.
“Típicamente lo que está sucediendo es que tenemos un flujo y el producto lo traíamos de cierta región y los suministradores de alguna manera y México consumía tranquilamente, pero con el tema de Ucrania y Rusia y el conflicto en medio oriente las cosas se complican en el sentido de que los flujos cambian”, alertó.
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