Pese a que las autoridades tienen como objetivo mejorar la regulación del sector energético con el decreto anti-huachicol, esta medida está dejando como margen muy pocos días para su implementación, así como un plazo muy corto para que las autoridades emitan la regulación complementaria.
Norma Álvarez, abogada experta en derecho energético y regulatorio de sustentabilidad e infraestructura de Santamarina y Steta, señaló que es importante aumenten la certidumbre jurídica, ya que hay buques detenidos en las costas, lo cual puede generar pérdidas en forma transversal.
“Ojalá pronto exista claridad suficiente para no caer en el desabasto”, comentó.
Señaló que el decreto genera incertidumbre en la importación de combustibles, además de que corre el riesgo de sobrerregulación y presiones por plazos que las autoridades no pueden cumplir.
“Es una posible violación al principio de legalidad, porque aquél que tiene un permiso de importador ya demostró a la autoridad que su trabajo es lícito y ahora tiene que demostrarlo de nuevo”, agregó.
Detalló que el decreto otorga 30 días hábiles para cumplir el trámite, sin embargo la Secretaría de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas, la Comisión Reguladora de Energía, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Procuraduría de Protección al Ambiente informarán los criterios de cumplimiento en los próximos 15 o 30 días, por lo que cuando terminen de hacerlo, el plazo habrá vencido para los importadores.
“Ahí es donde se da la incertidumbre jurídica. No sabemos qué va a expedir cada uno de estos reguladores en el ámbito de sus respectivas competencias”, apuntó.
Comenta y síguenos: @Energy21Mx
¡Ya está disponible la edición octubre-noviembre de la Revista E21!
