Los amparos promovidos contra las decisiones del gobierno federal en materia de electricidad alcanzaron su mayor nivel en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con un aumento de 503 por ciento, señalan datos México Evalúa.
En 2021 los amparos indirectos tocaron su nivel máximo desde 2015, con un total de 3 mil 193 casos, mientras que los amparos en revisión tocaron la cifra de mil 122 litigios en ese año.
“El mayor número se alcanzó cuando se reformó la Ley de la Industria Eléctrica en 2021, lo que fue un reflejo del descontento y el temor en el mercado”, indica el análisis de la asociación civil.
Esta situación también se agrava por las decisiones que ha tomado la administración del gobierno federal para desplazar a las empresas privadas en el sector eléctrico y privilegiar a la CFE, lo que incluye el retraso y la negativa en la emisión de permisos, la cancelación de proyectos, entre otras medidas.
A mayo de 2023 se encuentran pendientes de sentencia por parte de la Suprema Corte más de una decena de expedientes con amparos en revisión contra diversos artículos reformados en la LIE, como el 3, 53 y 108, referentes a centrales eléctricas legadas, contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, contratos legados para suministro básico, contratos de cobertura eléctrica por subastas y diversas facultades del Cenace.
En función de ello, los escenarios para el futuro del sector eléctrico en México se debaten entre la posibilidad de que varios competidores obtengan protección legal y, por lo tanto, se les permita operar de acuerdo con las reglas costo-efectivas del despacho eléctrico original, y los competidores, que estarían obligados a operar bajo la ley reformada, destaca.
“Esto incluye posibles nuevos inversionistas o competidores actuales desprotegidos. De ser así, se podría crear un doble marco regulatorio, hecho que agregaría más complejidad a un ya compleja regulación y operación del sistema energético”, indicó.
México Evalúa añade que ante la ausencia de un regulador con autonomía constitucional e independencia técnica, los regulados se encuentran a merced de una amplia discrecionalidad y opacidad.
“Esto plantea, por supuesto, importantes riesgos en materia de corrupción y de certidumbre jurídica”, advierte.
Además, dada la deliberada política energética de supresión de la inversión privada y, por ende, de la competencia económica, el país se encuentra ante una contracción de capacidades y de desarrollo de su industria eléctrica, que sin duda afecta gravemente la competitividad en su conjunto, añade.
Comenta y síguenos @Adri_Telecom @Energy21Mx
¡Encuentra un nuevo episodio cada 15 días! #EnergíaFemenina
