Raquel Buenrostro, secretaria de Economía declaró el pasado 8 de mayo que Canadá había descartado solicitar un panel internacional para solucionar la queja sobre el trato discriminatorio que pueden sufrir sus empresas del sector energético, como consecuencia de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica; sin embargo, no señaló cuánto tiempo tomará llegar a una solución satisfactoria.
Días antes Mary Ng, secretaría de Comercio Internacional de Canadá y la responsable del T-MEC en su país, manifestó que las preocupaciones de las empresas canadienses afectadas se estaban resolviendo en reuniones con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que habría que dejar que el proceso continúe en tanto persista la buena disposición de las autoridades mexicanas. Esto mismo lo reiteró en una entrevista el 19 de mayo, pero no descartó la alternativa del panel, sobre todo si Estados Unidos lo solicita, lo que sigue siendo prerrogativa de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en Inglés).
Canadá, Estados Unidos y México acordaron extender el periodo de consultas, que concluyó el 3 de octubre del 2022, conforme al capítulo 31 del Tratado.
Con base en estimaciones preliminares, se considera que las reformas aprobadas en México pueden representar un daño a las empresas de Estados Unidos entre 10 mil y 32 mil millones de dólares, lo que generaría un enorme golpe a la economía mexicana y al comercio bilateral, no habiendo precedentes regionales. Aunque el Gobierno canadiense no ha dado una estimación, los daños potenciales a las empresas de aquel país podrían ser por tres mil o cuatro mil millones de dólares.
México busca resolver el problema mediante negociaciones con cada una de las empresas afectadas, en vez de aplicar medidas para resolver el problema de forma general, como lo indica el propio Tratado. Por su parte, la Ley de Implementación del T-MEC en Estados Unidos, indica que el USTR debe resolver cualquier disputa con base en el texto negociado, sin recurrir a negociaciones que vayan más allá de lo acordado, por lo que el USTR se ha negado.
El caso de Canadá es diferente. En su reunión del 10 de enero, el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau le solicitó al Presidente López Obrador su apoyo para resolver el problema. Obrador y la secretaria Buenrostro se reunieron con Northland Power, Canadian Solar, Atco y Pattern y resolvieron la mayoría de los problemas, sin embargo, quedó pendiente el caso de la Caisse de Depot et Placement du Quebec, el segundo fondo de pensiones más grande de Canadá, que ofrece financiamiento para proyectos de infraestructura a nivel internacional.
El Gobierno de Canadá confía que estas reuniones produzcan una solución satisfactoria este año, sobre todo cuando el problema se encamina a cumplir su onceavo mes desde que se solicitaron las consultas.
El objetivo es lograr compromisos aceptables del Gobierno mexicano, el que sigue siendo objeto de críticas por parte de los líderes del sector privado de Estados Unidos y Canadá, Suzanne Clark, presidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Goldy Hyder, presidente del Consejo de Negocios de Canadá, por no terminar de implementar el T-MEC conforme a lo acordado.
Por su parte, entre más tiempo tome solucionar este problema, las críticas en contra de la confiabilidad del mecanismo de solución de controversias del T-MEC, y de sus responsables, seguirán aumentando. Fomenta la duda sobre si el modelo de “comercio administrado,” usado para negociar el acuerdo es el modelo para seguir en otros casos y crecen las peticiones para adelantar el periodo de revisión del Tratado.
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Consultor en Políticas Públicas, Relaciones Gubernamentales y Comercio Internacional.
