La extorsión, el cobro por derecho de piso y el mercado ilegal de gas LP han provocado el cierre de plantas en varias entidades del país, denunció Luis Landeros Martínez, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG).
“Es algo que se está extendiendo en varias partes del país, porque el crimen organizado agarra el control de un flujo de dinero importante, como lo es el mercado ilícito del gas que se ordeña”, señaló el directivo en entrevista durante el 36 Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP).
“Llegan y te dicen o me compras gas o déjame la planta y yo me encargo”, señaló.
Explicó que este fenómeno se observa en varias localidades del país, pero con especial énfasis en el denominado triángulo rojo que comprende a Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México.
“Eso a veces nos hace que tengamos que cerrar plantas completas; hay lugares que van desde Zacatecas hasta Tabasco”, mencionó.
Landeros no ofreció una estadística sobre el número de plantas que han cerrado por esta situación, pero subrayó que los gaseros tienen miedo de denunciar por las represalias de las que podrían ser víctimas.
13 mil 200 millones de pesos anuales, como resultado del robo de entre 60 mil y 80 mil toneladas mensuales.
Tan sólo en la Ciudad de México, el mercado más importante para el sector, el comercio ilegal del gas LP representa entre el 15 y 20 por ciento, apuntó.
Explicó que en la CDMX y el Área Metropolitana hay cerca de 400 estaciones de gas autorizadas, pero existen un total de 800 en operación, lo que significa que el 60 por ciento de ellas no están reguladas.
“Es un problema que ha crecido como palomitas de maíz y tenemos que corregirlo. Las empresas legalmente establecidas cada vez venden menos, porque no pueden competir contra los ingresos del mercado ilícito”, concluyó.
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