El pasado 20 de julio el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía (SE), recibió una solicitud para iniciar consultas por parte del Gobierno de Estados Unidos, a la cual se sumó también Canadá, con relación a su política energética, de conformidad con el artículo 31.4 del T-MEC.
El casus belli está relacionado sobre todo con la situación que ha vivido el sector energético en los últimos cuatro años, es decir, la intención de favorecer, por parte del actual gobierno, a las empresas productivas del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El problema no reside en apoyar las empresas públicas nacionales, –lo cual es totalmente legítimo–, sino en que para hacerlo se desfavorece a las demás participantes del sector, lo cual sí puede llegar a provocar una violación de los acuerdos contenidos en el T-MEC.
Es importante identificar cuál es la problemática de fondo para evitar caer en conclusiones fáciles y equivocadas, sobre todo de carácter político. El asunto es totalmente jurídico, en cuanto los otros dos socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, han identificado y tipificado una posible violación de los acuerdos suscritos entre las partes.
Ahora bien, la consulta que se ha iniciado está en una etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias del T-MEC que consiste en una primera fase, en la cual, a partir de la notificación, los países tienen 75 días para solucionar la controversia. En este sentido, México tendrá un plazo de 30 días, extensible hasta 45 días, para establecer una fecha para responder la solicitud y una fecha para llevar a cabo las consultas.
En caso de no llegar a un acuerdo en dicho plazo, los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá estarán en su derecho de solicitar el establecimiento de un panel que decida sobre el asunto. Dicho panel debe conformarse por siete integrantes y, una vez iniciado el procedimiento, puede tardar hasta seis meses en que se llegue a una resolución.
El punto más importante son las posibles consecuencias para México, en caso de que el panel se resuelva en favor de Estados Unidos y Canadá, es decir, ambas naciones tendrían derecho a cobrar el monto de las pérdidas derivadas de la violación del Tratado vía aranceles, y México tendría que retirar las causas de la violación al Tratado para que la consecuencia del punto anterior sea retirada.
La situación podría realmente llegar a tener efectos muy severos en toda la economía mexicana, ya que los estados que ganen el panel tendrían libertad de escoger cómo y a qué sectores aplicar los aranceles.
Por otro lado, la discusión abarcará situaciones fácticas que serán muy complicadas de defender, como la modificación que se hizo el año pasado a la Ley de la Industria Eléctrica (actualmente en amparo); la inacción, demora, rechazo o revocación de permisos para la generación, importación y exportación de energía, así como la de almacenamiento y transporte de combustibles y construcción y operación de estaciones para el procesamiento de combustibles.
A esto se suma la emisión por parte la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de regulación que exenta a Pemex de cumplir durante un plazo de cinco años el requisito de contenido de sulfuro del diésel, o la emisión por parte de Secretaría de Energía de la carta 100/195/2022, por la cual establece la estrategia para garantizar la oferta en el transporte del gas natural, y por la cual instruye al Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) a que solicite a los usuarios que tengan contratado un servicio con CFE o Pemex.
En definitiva, el panorama no se preanuncia muy favorable, aunque el daño que provoca esta situación es la inhibición de nuevas inversiones en el sector, lo cual, tristemente, daña la economía y el crecimiento de todo el país.
El Doctor Paolo Salerno es Managing Partner del despacho Salerno y Asociados; Vicepresidente de
la Comisión de Desarrollo Sustentable y Energía de Coparmex CDMX; y Coordinador del Comité de
Derecho Energético de la ANADE Nacional.
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