México pierde credibilidad como socio comercial por denuncia en T-MEC

La denuncia contra México por incumplir las reglas del T-MEC en energía afecta la credibilidad para atraer inversiones, por la señal negativa que se envía al mundo de no respetar el estado de derecho, mencionaron expertos.

“El impacto al sector energético es la falta de credibilidad, de que no se respetan las leyes, el estado de derecho. No puedes confiar en socio comercial si te cambia las reglas, te engaña, o interpreta el tratado de forma caprichosa”, dijo Claudio Rodríguez, socio en Holland & Knight.

Durante la Semana del Combustible, el experto opinó que los cambios que ha realizado el Gobierno federal en el sector energético, van en contra de la Constitución.

“Por eso era importante para ellos la reforma Constitucional en electricidad, que no fue aprobada”, destacó.

Guillermo García Sánchez, profesor de la Universidad Texas A&M, comentó que la resolución de este caso podría sentar un precedente para los futuros arbitrajes que las empresas inicien por separado, ante las afectaciones de la política energética mexicana.

“Tiene un peso importante porque es una controversia de Estado contra Estado, y es difícil que un tribunal arbitral difiera de la interpretación que resulte”, afirmó.

“Los inversionistas deben tener cuidado de cómo van a servirse de ese precedente, ellos podrían presentar su arbitraje por separado”, indicó.

Fernando Rodriguez- Cortina, socio de Arbitraje y Litigios Internacionales en King & Spalding, comentó que será un proceso rápido con plazos cortos, porque estos se redujeron durante la negociación del acuerdo comercial.

“Es un proceso que puede durar por lo menos 10 meses de inicio a fin; la consulta debe iniciar a más tardar el 19 de agosto”, detalló.

Si se instala el panel de discusión, tendrá 6 meses para emitir informe final que estaría listo en mayo de 2023.

Si se concluye que México violó el acuerdo, tiene 45 días para cumplir la resolución del panel.

Temen politización

Por otro lado, los expertos temen que el caso se politice tras la postura que emitirá el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo 16 de septiembre.

“No me preocupa porque tenga sustento jurídico, sino porque puede establecer una línea de discusión política, si se llega a punto dogmático donde se diga que primero va la patria y la soberanía”, añadió Claudio Rodríguez.

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