Cambiar el criterio de despacho del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) tal y como lo plantea el Gobierno Federal en su iniciativa, afectará el precio que paga el consumidor por el servició eléctrico, consideró Paul Alejandro Sánchez Campos, director en Políticas Públicas durante su participación en el Foro 3 del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica celebrado este miércoles.
“El cambio del despacho económico sí afectará los precios porque todos los consumidores vamos a pagar más costos y si no, vamos a tener que dar aportaciones federales; de alguna forma se tiene que cubrir el déficit ya sea con IVA, ISR o IEPS”, dijo Sánchez, quien acudió por invitación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En su ponencia explicó el modelo actual de despacho, un el mecanismo que determina el orden en el que cada central eléctrica inyecta su energía a la red y donde la planta más eficiente es la primera en inyectar la energía a la red.
Refirió que lo propuesto en la iniciativa de reforma del Presidente de México se prioriza la entrada de centrales viejas, con costos de generación elevados y contaminantes por encima de la solar o eólica.
En ese sentido comentó que dar preferencia a la energía hidroeléctrica, como se prevé, no es la solución ya que el despacho de éstas debe ser sostenible en el tiempo, es decir, considerar las épocas del año en las que llueve y recordar que el uso del agua se debe priorizar para actividades agrícolas, doméstico, o agroindustrial.
“No puede utilizarse la totalidad de las hidroeléctricas para sostener el sistema eléctrico”, sostuvo.
Fernando Bueno, ingeniero de caminos, Canales y Puertos por la Universidad politécnica de Madrid coincidió con Sánchez y agregó que además de un incremento a las tarifas, la decisión de cambiar el despacho eléctrico representará a la par una pérdida de competitividad con otras economías.
Adicionalmente, la cancelación de los permisos y los contratos de compraventa de energía planteados en la iniciativa, viola los principios constitucionales de retroactividad y múltiples tratados.
“Esto se traducirá en litigios, indemnizaciones en favor de particulares que resulten y según cifras oscila en 44,000 millones de pesos, equivalentes a 11 aeropuertos Felipe Ángeles o 10 veces la población de México por 2 vacunas de Pfizer”, señaló Bueno.
En su participación a favor de la reforma, Gabriela Reyes, directora de aprovechamiento sustentable de la energía criticó que en México, a diferencia de Estados Unidos, sólo exista un modelo competitivo de sistema eléctrico.
“La separación funcional es suficiente para el acceso abierto no discriminatorio a las redes de transmisión, pueden convivir y conviven en muchos casos más de un modelo del sistema eléctrico público, privado y o sociales; de igual manera pueden convivir más de un modelo de despacho”, añadió.
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