Al día siguiente que la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador entre en vigor, el 50% de la población mexicana (más de 60 millones de personas) se quedará sin luz, advirtió Carlos de María, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético durante su participación en el primer foro del Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados.
Su advertencia se basa en los transitorios que la misma iniciativa presenta y en la cual señala que “los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan al igual que las solicitudes pendientes de resolución”.
“Así como está escrito el 50% de la generación del país desaparece (…) no es la industria eléctrica la que resultaría dañada si no la economía del país”, señaló.
Resaltó que, conforme a lo planteado en la propuesta, el 62% de la generación es de empresas privadas y el 38 por ciento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) teniendo una capacidad de generar del 54%.
“Al cancelar el 62%, esos (generadores) ya no se puede conectar a la Red, esa electricidad se pierde 100% para el sistema y nos quedaríamos únicamente con ese 54% que, cabe señalar, no todo está activo y listo para operar (…) yo creo que el nivel de instrucción que tendría es apocalíptico”, señaló.
Desde su perspectiva, lo idóneo sería mejorar sin destruir lo ya establecido con la reforma energética; a la par destacó que “nadie puede hacerlo solo, la solución requiere de una colaboración entre el Estado y el sector público privado y social”.
En esta primera mesa de debate, Manuel Ornelas Alba, jefe de la oficina del programa de ahorro de energía de la CFE, reprochó que con la reforma energética de 2013 se favoreciera a compañías privadas por encima de la eléctrica nacional cuyas plantas perdieron participación al pasar de un 54% en 2017 a 39% en 2020.
“Con este pronóstico actual la participación de las CFE caerá hasta el 16% en 2030”, afirmó.
En su discurso, Ornelas subrayó que la CFE no está en contra de las energías limpias, “estamos a favor de una manera ordenada y de acuerdo a los recursos naturales del país para utilizarlos de una manera sustentable”, añadió.
Lavado de Electricidad
Para Nicolás Domínguez, vicepresidente de la sociedad de Ingenieros Hispanos Profesionales, la reforma energética de Enrique Peña Nieto se basó en engaños, fomentó contratos de autoabastecimiento utilizados para vender electricidad de clientes disfrazados de socios que caen en un ‘lavado de electricidad’.
“Parece ser un negocio legal pero al hacerlo violan la ley; ese tipo de generación se tiene que cancelar”, resaltó.
Héctor Cuapio Ortíz, representante del Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) también acusó a la reforma de 2013 de no haber beneficiado integralmente al país y de no haber fortalecido las principales empresas energéticas del país.
A su vez, criticó el excesivo otorgamiento de permisos de generación a privados por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que a la fecha suman más de 1,200, mismos que les ha permitido a los capitales extranjeros crear un mercado eléctrico paralelo al de la industria eléctrica nacionalizada, obligando así a la CFE comprarle a particulares la energía eléctrica que ellos generan bajo abusivas condiciones.
“Nuestro sistema eléctrico nacional se ha visto gravemente afectado (…) necesitamos una reforma que esté a favor del pueblo. Nosotros vemos la reforma enviada como una reforma positiva y de beneficio que todos los trabajadores electricistas estamos dispuestos a defender pese a lo que pese. Afirmamos que vamos a cumplir con los compromisos internacionales y que no habrá ni desabasto de energía eléctrica ni tampoco un incremento irracional de las tarifas eléctricas”, manifestó.
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