La Secretaría de Haciendo y Crédito Público (SHCP), informó la implementación de tres estrategias para mejorar la situación financiera de Pemex y sus capacidades de producción, dado que la considera un activo público rentable.
Las autoridades buscarán reducir la carga fiscal de la empresa productiva del Estado, principalmente el Derecho de Utilidad compartida (DUC), para disminuirlo de 52% a 40%; la deuda por medio de las aportaciones patrimoniales utilizando excedentes de liquidez y el riesgo de refinanciamiento con la potenciación de operaciones patrimoniales en manejo de pasivos.
Actualmente, Petróleos Mexicanos tiene una operación de recompra y manejo de pasivos en la parte corta y media de la curva de rendimientos con objetivo de disminuir el refinanciamiento y monto de la deuda.
Esto permite a los tenedores de bonos, la opción de intercambiar los bonos con vencimiento entre 2024 y 2040 por uno nuevo a 10 años y efectivo. Además, de recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060, por lo que el gobierno federal estaría realizando una aportación patrimonial hasta por 3,500 millones de dólares.
Sin embargo, estas operaciones no refinanciarán los vencimientos de 2022 y 2023, debido a que la Secretaría pretende asegurar el presupuesto de apoyo con las aportaciones patrimoniales necesarias para cubrirlas.
“De camino a la segunda mitad de la administración, y de lo cual es reflejo la transacción mencionada, se intensificará la coordinación entre SHCP y Pemex con el objetivo de mejorar la posición financiera de la Empresa”, detalló la SHCP en un comunicado.
En tanto, durante los próximos meses se reformulará el plan de negocios para fortalecer la posición financiera de la petrolera nacional a mediano y largo plazo, así como la implementación de mecanismos que permitan al sector público coinvertir en exploración y extracción y realizar cambios en la estructura corporativa y dirección de la empresa.
Detalló que estas acciones no impactan en el gasto público o presupuesto de egresos, mientras que Pemex continúa en su posición de empresa productiva del Estado y no compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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