El respeto a la seguridad jurídica de la cual México había hecho gala por años se ha visto mermado con el Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación luego de buscar por todas las vías, decretos o iniciativas de reformas constitucionales), modificar el marco legal vigente en el sector energético.
Lo anterior, desde el punto de vista de Miriam Grunstein, socia en Brillant Energy afecta la credibilidad de México como país receptor de inversor y abre una batalla legal con las empresas que, en su derecho, pueden interponer un arbitraje internacional que podría resultar carísimo para el Gobierno.
“¿Cómo concluyen los arbitrajes entre estados? Generalmente se reconoce la soberanía del Estado para regular ciertos temas, pero se le impone el estado el pago de daños y perjuicios. Sea como sea el resultado del arbitraje de inversión si nos va a costar y nos va a costar cuantiosamente”, señaló durante su participación en el Encuentro Internacional de Energía México (EIEM) 2021.
En el panel “TMEC y Energía: Choque entre seguridad y soberanía energética”, Grunstein refirió que el tratado suscrito con Estados Unidos y Canadá es un contrato con cláusulas, obligaciones y compromisos pactados entre las naciones cuyo incumplimiento recae en el ámbito legal.
“En un arbitraje de inversión las partes afectadas podrían embocar trato justo y equitativo porque se le está dando preferencia muy palmaria a Comisión Federal de Electricidad (…) no creo que un panel de arbitraje de inversión o incluso de arbitraje comercial pudiera darle la razón al gobierno mexicano”, señaló con particular pauta sobre la iniciativa de Reforma eléctrica a discutirse próximamente en el Congreso de la Unión.
Para Keneth Smith, Socio en AGON, el TMEC establece las bases para una cooperación entre los tres países de América del Norte donde México puede atraer inversiones en materia de hidrocarburos o electricidad, sin perder su soberanía.
Como contrato, cada nación adquiere beneficios y obligaciones, tales como preferencias arancelarias, eliminación de obstáculos técnicos al comercio, así como garantizar un trato mínimo para los socios comerciales en distintos ámbitos.
“Lo que no puedes hacer es echar para atrás este acceso mínimo que se debe otorgarle a los socios comerciales de América del Norte (…) el TMEC no es un cheque en blanco que se pueda violar a través de cambios constitucionales. Cualquier cambio constitucional de leyes secundarias o regulatorias tiene que ser congruente con los compromisos establecidos en el acuerdo”, señaló.
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