De no proceder la iniciativa de reforma eléctrica promovida por el Gobierno Federal y mantenerse el actual régimen sobre el mercado eléctrico nacional, la iniciativa privada podría adueñarse de hasta un 85%, aseguró el analista energético Ángel Balderas Puga.
Expuso durante su participación “La Reforma Eléctrica, un paso en la recuperación de nuestra soberanía energética”, que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es dejar una participación del 46%, mientras que el 54% por ciento restante quedaría a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En su análisis, si no avanza la iniciativa, el resultado será que en 2024 “la proporción sea del 15% para CFE y el 85% de los privados, una pérdida total del control por parte del Estado en un energético vital para la vida moderna”, manifestó.
“Un país que depende de energéticos del extranjero, está en una vulnerabilidad total”, añadió.
El foro fue organizado por Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario de Morena, quien en su intervención justificó que la repartición es correcta ya que sólo se busca preservar la seguridad energética del país.
“La CFE generará por lo menos el 54% del consumo eléctrico nacional. Las actuales inversiones en generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar a tener el 46% del consumo eléctrico nacional. Este 46%, se incorporará por la adquisición por parte de la CFE basado en procedimientos de competencia”, cita la propuesta enviada el 30 de septiembre a la Cámara de Diputados.
Este jueves, el presidente López Obrador consideró que la industria privada no tiene “llenadera” e incluso deberían estar agradecidos que su iniciativa les deje un 46% de participación del mercado.
“¿Saben cuánto es el 46% del mercado en México? Es toda la electricidad que se consume en Argentina. Deberían de estar agradecidos, nada más que no tienen llenadera, se quedaron con la costumbre de robar a manos llenas”, manifestó.
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Piña Gudiño dejó claro su descontento con los efectos que ha dejado la reforma energética de 2013, la cual considera, posibilitó la creación de un mercado paralelo y subsidiado por el Estado para que las empresas privadas tuvieran prioridad sobre las centrales públicas de generación eléctrica propiedad de la CFE.
Silvia Ramos Luna, secretaría general de la unión de técnicos y profesionistas petroleros suscribió el comentario de la senadora añadiendo que la Comisión Reguladora de Energía y el Centro de Control de Energía favorecieron los intereses particulares por encima de los intereses de la nación.
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