El tope de precios determinado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a las 1,292 Plantas de Distribución de todo el país ha provocado desempleo, cierre de rutas de reparto y falta de inversiones estratégicas para garantizar el abasto a nivel nacional, indicó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).
La Asociación que preside Carlos Serrano Farrera calculó que hasta hoy se ha perdido un 10% del total de las rutas en el país, una situación que podría agravarse en los próximos días.
De acuerdo con Amexgas, hasta hace un mes existían 35 mil rutas de reparto y 4,700 estaciones de servicio, mediante las cuales se realizaban más de un millón de servicios diarios tanto en hogares, ciudades, rancherías, así como en comercios, hospitales, tortillerías, panaderías, hoteles, restaurantes e industrias.
En su análisis, el modelo económico de precios máximos que establece la CRE debería reflejar la realidad de los costos de operación de las empresas distribuidoras para evitar que se sigan cerrando más rutas generando desempleo y principalmente para garantizar el abasto a la población consumidora.
“De no hacerlo, esta situación podría afectar el suministro de este vital e importante energético en el 80% de los hogares mexicanos y en millones de pequeñas y medianas empresas que requieren del abasto diario de este vital producto para sobrevivir y mantenerse en operación”, afirmó.
La Amexgas pronosticó que seguir bajo un modelo de precios alejado de la realidad económica, solo hará que se incrementa el riesgo de eliminar zonas de reparto por la incosteabilidad económica, generándose con ello más desempleo, menos inversiones en infraestructura, más desabasto y fomentando con este escenario el incremento del robo de gas, la inseguridad y distribución ilícita del producto, afectando principalmente a la población consumidora.
Sobre el robo ilegal del energético, hizo un llamado para continuar con operativos que combatan la distribución ilícita que opera con absoluta libertad, así como construir un modelo económico y operativo sustentable y con bases realistas y fundamentalmente brindar las condiciones de certeza jurídica y certeza económica que fomenten la actividad económica.
A la par, insistió en la apertura al diálogo como mecanismo para hallar soluciones.
“Solicitamos formalmente una reunión con la CRE y con la Secretaría de Energía para revisar el modelo económico de precios máximos que se está aplicando y coadyuvar en encontrar una estrategia integral que permita brindar las condiciones necesarias para garantizar la distribución y el abasto de este vital producto para todos los Mexicanos”, concluyó.
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