La tarde de este martes, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó en fast-track la nueva reforma a la Ley de Hidrocarburos propuesta por el diputado de Morena, Manuel Rodríguez y con la cual Pemex retomaría el control en la venta de combustibles.
Durante la sesión, convocada de manera urgente por el también Presidente de la Comisión de Energía, integrantes de Morena votaron a favor de la derogación del artículo décimo tercero de la Ley de Hidrocarburos publicado como parte de las leyes secundarias de la reforma energética de 2013.
Éste establecía una regulación asimétrica con el objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.
De este modo, la normativa señala que Pemex, o sus organismos subsidiarios, así como cualquier otra empresa productiva del Estado, o una Persona Moral, por cuenta y orden del Estado, podrán comercializar Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos siempre que desagregue los distintos servicios que preste y el precio de venta de primera mano del producto de que se trate.
La aprobación por parte de la Comisión implicaría un fortalecimiento de la petrolera nacional en un mercado donde ésta es ya predominante al poseer el 86 por ciento del mercado de gasolina y el 72 del de diésel, según detalló la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2020.
Las bancadas de la oposición alertaron que lo propuesto por Manuel Rodríguez va en contra sentido del objetivo del Artículo, el cual impedía un monopolio por parte de Pemex.
Desde la óptica de Hernán Salinas, también del PAN, la contrarreforma intenta regresar a Pemex de manera artificial a una condición que consiga crear un monopolio del Estado, el cual ya había sido superado por México.
En contraste, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo recordó que la reforma energética se aprobó gracias a sobornos y defendió el querer devolverle a Pemex su monopolio pues la legislación de Enrique Peña Nieto sólo buscó “ahogar” a las empresas productivas del Estado.
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