A través de un comunicado detalló que se pronuncian a favor de los criterios de legalidad y objetividad que brinden certeza jurídica y sanciones con apego al estado de Derecho, pues el combate del ‘huachicol fiscal’ requiere acciones efectivas de las autoridades en lugar de una reforma.
“Para combatir el grave problema del llamado “huachicol fiscal”; se requiere la aplicación efectiva por parte del Estado, respecto de las sanciones que se encuentran establecidas en los ordenamientos jurídicos vigentes, entre ellos, la Ley de Hidrocarburos y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos. Más que una nueva reforma legal, el Estado debe impulsar el eficaz ejercicio de las disposiciones en la materia”, se lee en el documento.
Destacó que también aumenta la incertidumbre de los inversionistas, ya que limita la participación de las empresas particulares y privilegia a Pemex e inhibe abiertamente la competencia al incorporar requisitos poco caros para la suspensión y revocación de permisos, dando alta discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“La iniciativa distorsiona la figura administrativa del permiso, pues lo convierte en un instrumento de política pública que induce el control de la balanza energética”, mencionó.
Finalmente, indicó que la norma no debe generar inseguridad jurídica con su aplicación, sino generar certidumbre al mercado de las gasolinas y el diésel para operar en condiciones claras que beneficien a los consumidores finales.
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