Ante la falta de un Parlamento Abierto para discutir la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el Ejecutivo Federal, la Cámara Baja del Congreso de la Unión celebró una Mesa de Diálogo con la participación de ocho expertos propuestos por distintos grupos parlamentarios.
Durante el arranque de ésta, el coordinador del Grupo de Trabajo de Hidrocarburos de la Comisión de Energía, diputado Carlos Enrique Martínez Aké (Morena), señaló que las experiencias y aportaciones de las y los participantes ayudarán a comprender de mejor manera los alcances de la iniciativa del Ejecutivo presentada el pasado 26 de marzo.
En su ponencia ante legisladores, Nicolás Domínguez Vergara, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, propuesto por Morena, afirmó que “la reforma es necesaria y urgente, aun cuando es solamente una actualización y armonización con relación a los permisos y no un cambio de paradigma en el sector energético”.
Desde su perspectiva, la iniciativa es precisa y tiene propósitos claros, dirigidos, definidos, alcanzables y medibles.
“Uno podría pensar que va a ser una amenaza para los inversionistas porque se van a revisar los contratos, pero no deben tener miedo”, dijo.
En ese sentido, César Humberto Cadena Cadena, presidente de Clúster Energético de Nuevo León, propuesto por el PAN, refirió que respecto al artículo 57 “sienten temor” de que algunos artículos de expropiación o requisa queden discrecionales.
Paralelamente consideró incorrecto el recurrir al extranjero para que rija nuestras leyes no es el camino correcto. “Debemos esperar la justicia en nuestras propias leyes”, sostuvo.
Rosanety Barrios Beltrán, analista independiente de temas energéticos y propuesta por el PRI, señaló que la revocación de permisos ya es una facultad que existe por parte de la autoridad; no obstante, precisó que para incidir de mejor manera en el combate al robo de combustible y la evasión fiscal se debe investigar quién le vende a quién y cómo.
En ese sentido, Raúl Pérez Johnston, miembro del Colegio de Abogados de México, dijo que los objetivos de la iniciativa son loables, ya que nadie puede estar en contra del combate al robo de combustibles ni al fraude a la ley en términos generales por parte de empresas que no cumplan al momento de obtener permisos o que los hayan obtenido sin cumplir con los requisitos, pero la forma en que se está planteando en la iniciativa, sobre la manera de atenderlos, presenta toda una serie de problemas constitucionales.
Ley muerta
La ponente propuesta por MC, Abril Moreno, socia-directora de Perceptia21 Energía, coincidió con varias de las intenciones que tiene la reforma, entre ellas, el combatir la corrupción, el robo de combustibles, el desabasto de gasolinas, que se sancione a las empresas que todavía no han cumplido con la acreditación de la infraestructura para almacenamiento, o a los expendedores que despachan combustible incompleto y el contrabando de combustible.
No obstante advirtió que se tendrá una Ley que nacerá muerta si no se respeta a los inversionistas y si no se les dan garantías a los inversionistas que cumplen con la Ley.
“Esta iniciativa dilapida lo que habíamos avanzado para garantizar derechos”, advirtió.
Consideró además que la propuesta provocaría una disminución en la inversión nacional, por lo que se tendría una pérdida en materia económica, en empleos, y con fuertes repercusiones.
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