Las recientes suspensiones emitidas por jueces federales en contra de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) con efectos generales y no solo para los ‘quejosos’ buscan evitar mala competencia en el sector eléctrico, consideró Raúl Herrera, socio de BC&B, firma legal y de negocios.
“Esta medida cautelar tiene efectos generalizados puesto que de otorgarla sólo a los peticionarios no sólo estaría concediéndole una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria, además de que podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar”, señaló.
Mediante un comunicado, la empresa enmarcó la situación actual de la LIE y la controversia que existe alrededor de ella en materia de inconstitucionalidad y anticonvencionalidad al ‘violar’ la obligación estatal genérica de defensa de los derechos humanos; el derecho a la salud y a un medio ambiente sano; el principio de irretroactividad de la ley; el principio de seguridad jurídica; el principio de sustentabilidad y competencia; la prohibición de monopolios; y el respeto a los tratados internacionales.
Lo anterior, tal y como se previó, está promoviendo la interposición de amparos contra su aplicación, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales en el escenario nacional.
“En caso de aplicarse y ponerse en marcha dicha reforma, podrían iniciar arbitrajes de inversión derivados de acuerdos internacionales firmados por nuestro país y que establecen un marco de protección y seguridad para los inversionistas extranjeros y sus inversiones en nuestro territorio (Tratados de Libre Comercio, T-MEC, APPRIs)”, añadió Herrera.
El pasado 9 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la LIE, misma que busca beneficiar a la CFE, en relación con los productores particulares de energía.
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A la par, busca privilegiar a las energías generadas a través de energéticos fósiles por encima de las coloquialmente llamadas energías puras, por ejemplo, las eólicas y las solares.
En consecuencia, el Centro Nacional de Control de Energía, (CENACE), deberá despachar primero la energía generada en CFE (centrales hidroeléctricas), después la de combustibles fósiles, posteriormente las de generadores privados (eólica y solar) y por último las de ciclo combinado de particulares.
Adicionalmente, abre la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), revise la legalidad y rentabilidad de los contratos de generación y compraventa de energía que suscriba el Gobierno Federal con productores independientes; de modificar las reglas de los Certificados de Energía Limpia y de eliminar las subastas eléctricas.
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