La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) comenzó un proceso legal en contra de la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Política), emitida el pasado 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Secretaría de Energía a cargo de Rocío Nahle.
En su rol de Autoridad y precursor de la competencia en los distintos mercados, Cofece argumentó que lo planteado por Sener violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “de modo que afecta su mandato constitucional e invade su esfera competencial”, aseguró en un comunicado.
A su vez, la nueva Política de la 4T es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.
“El instrumento publicado en el DOF afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector”, añade.
En su perspectiva, la Política ahora impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista.
Asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica.
“A juicio de esta autoridad, incide de manera grave y trascendente en su esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico, ya que con la entrada en vigor de la Política dejan de existir los elementos básicos para que este funcione en condiciones de competencia”, sostiene.
De acuerdo con el libro “Controversia Constitucional y la Acción de Constitucionalidad como medios de control de la Constitución”, el acto legal emprendido este lunes por Cofece se define como un procedimiento de control de la regularidad constitucional para resolver conflictos que se susciten entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) respecto a la nulidad de normas generales o actos de autoridad por ser contrarios a disposiciones contenidas en la Constitución, al sobrepasar atribuciones entre ellos.
Bajo ese tenor, la Comisión solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una disposición que afecta tan gravemente la dinámica competitiva de un mercado, en perjuicio del mandato que corresponde tutelar a la Cofece y del bienestar de los consumidores.
Sener, por su parte, ha omitido algún comentario referente al tema.
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